La rendición de cuentas terminó convertida en una disputa por el significado político de la historia. Claudia Sheinbaum cerró el 27 de septiembre en el Zócalo de Ciudad de México su gira nacional “Honestidad y resultados” y utilizó la fecha de la consumación de la Independencia para presentar la soberanía, la justicia social, la libertad, la igualdad y la democracia como una continuidad histórica que desemboca, según su propio relato, en la Cuarta Transformación. La Presidencia informó que la gira recorrió los 31 estados en 12 días y reunió cerca de 850 mil asistentes.
El movimiento político del discurso estuvo en otro lugar: Sheinbaum no presentó los dos años de gobierno únicamente como un balance administrativo, sino como una etapa de reconstrucción constitucional. Al recordar a Hidalgo, Morelos, Juárez y los procesos de Independencia, Reforma y Revolución, colocó las reformas aprobadas durante su administración dentro de una genealogía de rupturas políticas. La operación narrativa busca convertir cambios institucionales concretos —derechos sociales, no reelección, prohibición del nepotismo electoral, elección popular del Poder Judicial y nuevas disposiciones sobre soberanía— en parte de una misma secuencia histórica.
La historia como legitimación del presente
La fecha le permitió a Sheinbaum establecer una conexión entre el 27 de septiembre de 1821 y su propia concepción del poder. La entrada del Ejército Trigarante a Ciudad de México consumó la Independencia, después del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba; el Plan de Iguala fue un acuerdo que reunió a fuerzas insurgentes y realistas y planteó la independencia dentro de un proyecto monárquico constitucional.
Ese antecedente contiene una tensión que resulta central para entender el discurso presidencial: la Independencia no nació como un proyecto político homogéneo. El Plan de Iguala planteó inicialmente una monarquía constitucional y sostuvo la religión católica como una de sus garantías. Después de la caída del Imperio de Iturbide, el Congreso Constituyente de 1823-1824 optó por una República federal. La Constitución de 1824 estableció la división de poderes y un régimen representativo y federal.
Sheinbaum utilizó precisamente esa sucesión de rupturas para construir su argumento. En su interpretación, México avanza mediante transformaciones en las que el pueblo defiende conquistas frente a quienes intentan concentrar el poder o subordinar la soberanía nacional. Por eso, la Independencia, la Reforma y la Revolución aparecen en su discurso no como episodios cerrados, sino como antecedentes de la transformación que su gobierno reivindica.
La clave política aparece cuando la presidenta define soberanía como la capacidad del pueblo para determinar el destino nacional y contrapone esa facultad a las potencias extranjeras y a las élites económicas y políticas. Después enlaza esa definición con su rechazo a la injerencia extranjera y con las reformas constitucionales impulsadas durante su administración. La soberanía deja así de ser únicamente una categoría de política exterior y se convierte en fundamento de legitimidad interna.
De la rendición de cuentas a la nueva Constitución
El segundo movimiento del discurso fue presentar las reformas constitucionales como la traducción institucional de aquella narrativa histórica. Sheinbaum enumeró la incorporación de educación, salud y vivienda como derechos; las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad; la jornada laboral de 40 horas; la igualdad sustantiva de las mujeres y el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
La presidenta también colocó dentro de la misma arquitectura la no reelección a partir de 2030, la prohibición del nepotismo electoral y la elección mediante voto popular de los tres Poderes. En su discurso, esas reformas no aparecen como medidas separadas: forman parte de una Constitución que, según ella, adapta el Estado mexicano a los principios de la Cuarta Transformación.
La soberanía adquirió una dimensión todavía más concreta cuando Sheinbaum mencionó las nuevas disposiciones constitucionales sobre injerencia extranjera y la recuperación de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas. También vinculó el agua con la categoría de bien nacional y derecho humano. La política económica, los recursos naturales y la defensa territorial quedaron incorporados al mismo relato de soberanía.
Ahí aparece el punto de mayor tensión política del discurso. La defensa de la soberanía funciona simultáneamente hacia afuera y hacia adentro: rechaza la intervención extranjera, pero también establece una frontera entre el proyecto gobernante y las élites económicas y políticas que Sheinbaum identifica como adversarias históricas de su movimiento. La disputa por quién tiene derecho a definir el rumbo nacional queda presentada como una disputa entre pueblo y poderes que pretenden sustituir su voluntad.
La reforma sobre nacionalidad muestra cómo esa construcción histórica llega hasta la agenda legislativa inmediata. Sheinbaum dijo esperar que el Senado aprobara al día siguiente una reforma para exigir nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno.
El tema ya generaba confrontación parlamentaria antes del discurso. El 23 de septiembre, el senador panista Marko Cortés sostuvo que su bancada rechazaría la reforma y argumentó que afectaba derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad. La discusión muestra que la soberanía no es solamente un concepto utilizado por el Ejecutivo: también se convirtió en el eje de una disputa legislativa sobre nacionalidad, representación política y derechos de los migrantes.
El Zócalo como escenario de legitimidad
La elección del Zócalo completó la operación política. Sheinbaum definió la rendición de cuentas en plaza pública como un acto de congruencia y afirmó que responder ante la ciudadanía equivale a obedecer al pueblo, al que identificó como titular de la soberanía nacional.
Clara Brugada reforzó esa construcción desde el escenario capitalino. La jefa de Gobierno vinculó la concentración con el movimiento que llevó a Morena al poder en 2018 y con la llegada de Sheinbaum a la Presidencia en 2024. También pidió unidad popular, unidad del movimiento de la Transformación y unidad nacional frente a lo que describió como nuevas amenazas de carácter imperialista.
La intervención de Brugada añadió una capa que no estaba en el simple balance de gobierno: la movilización. Su discurso convirtió al público del Zócalo en sujeto político y planteó una relación directa entre pueblo, gobierno y defensa de la soberanía. La presidenta había utilizado una lógica semejante al afirmar que su gobierno surgió de un movimiento social y que la rendición de cuentas en las plazas públicas forma parte de esa identidad.
El cierre, por tanto, no fue solamente administrativo. Sheinbaum ofreció cifras de programas sociales y obras para Ciudad de México —entre ellas 70 mil 258 millones de pesos previstos en 2026 para 3 millones de derechohabientes de Programas de Bienestar y cerca de 60 mil millones de pesos en diversas obras—, pero esos datos quedaron subordinados a una narrativa mayor: mostrar que la transformación política también puede medirse mediante derechos, infraestructura y gasto público.
La presidenta terminó su intervención regresando al mismo punto con el que había construido el discurso: soberanía, justicia social, libertad y democracia. La rendición de cuentas cerró así convertida en una defensa del proyecto político y constitucional que gobierna México, mientras la disputa sobre sus alcances queda abierta en el Congreso y en la relación del Estado con los poderes económicos, políticos y externos.
La pregunta que queda después del Zócalo no es si la historia respalda a un gobierno, sino quién tendrá el poder de definir qué significa esa historia cuando las reformas dejan de ser discurso y se convierten en reglas del Estado.
