Tres ciudadanos mexicanos extraditados desde Costa Rica comparecieron el 19 de octubre ante un tribunal federal de Milwaukee, Wisconsin, acusados de participar en el transporte de aproximadamente 840 kilogramos de cocaína en una embarcación registrada bajo bandera estadounidense. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre el procedimiento el 20 de octubre.
Miguel Ángel Campos-Barragán, Giovanni Vidrio-López y Eustaquio Espinosa-Hernández enfrentan acusaciones de conspiración y posesión de cocaína con intención de distribuirla. Los tres permanecen sujetos al proceso estadounidense y conservan la presunción de inocencia.
La nueva comparecencia corresponde a la etapa procesal posterior a su extradición. No debe confundirse con el aseguramiento de la droga, ocurrido el 15 de abril de 2025, cuando autoridades costarricenses interceptaron la embarcación My Lisa Too cerca de Quepos, en el Pacífico.
De acuerdo con la versión de la Fiscalía estadounidense, las autoridades localizaron aproximadamente 840 kilogramos de cocaína ocultos en la nave y detuvieron a los tripulantes.
Los cargos fueron presentados durante mayo de 2025 en el Distrito Este de Wisconsin. La acusación incluye una presunta conspiración para distribuir sustancias ilícitas desde una embarcación sujeta a jurisdicción estadounidense y la posesión con intención de distribución.
En los documentos procesales se menciona un umbral de al menos cinco kilogramos de cocaína, distinto del peso total reportado como decomisado. Una cifra describe la cantidad mínima incluida en los cargos; la otra corresponde al volumen asegurado según la autoridad.
La legislación federal estadounidense permite perseguir determinadas actividades de narcotráfico desarrolladas en embarcaciones bajo su jurisdicción. En este expediente, la bandera estadounidense es un elemento relevante para explicar el proceso en Wisconsin pese a que la intercepción tuvo lugar frente a Costa Rica.
La extradición fue tramitada desde Costa Rica y no desde México. La nacionalidad de los tres acusados no convierte el caso en una solicitud de entrega presentada a autoridades mexicanas.
El Departamento de Justicia mencionó la intervención de agencias estadounidenses y costarricenses, entre ellas la DEA y servicios de vigilancia marítima. La investigación todavía deberá probar la responsabilidad individual de cada procesado.
Las autoridades no han establecido públicamente, en el comunicado examinado, el origen y destino final del cargamento. Tampoco se reporta una sentencia.
El caso muestra la coordinación judicial entre Costa Rica y Estados Unidos en investigaciones de tráfico marítimo. Para los acusados mexicanos, la siguiente etapa dependerá de las actuaciones ante el tribunal federal competente.
