La Sala Superior del TEPJF confirmó por mayoría de votos el acuerdo del INE para modificar el mecanismo de recepción y cómputo en la elección de jueces y magistrados. En lugar de realizarse en las casillas por funcionarios ciudadanos, el conteo se llevará a cabo en los Consejos Distritales.
Desde 1990, la ciudadanía ha participado en el escrutinio y cómputo en las casillas, pero por primera vez, en la jornada del 1 de junio, los votos serán trasladados a las sedes distritales, donde serán contados por personal especializado. Esto implica que los resultados de la elección judicial no estarán disponibles el mismo día de la votación, sino hasta 12 días después.
El proyecto aprobado fue presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien argumentó que ni la Constitución ni la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) exigen que el conteo de votos de esta elección ocurra en las mesas directivas de casilla. Según la Sala Superior, el cambio no vulnera los principios electorales, ya que el escrutinio será realizado por personal altamente capacitado.
Sin embargo, la magistrada Janine Otálora criticó la decisión, al considerar que la participación ciudadana en el escrutinio otorga certeza al proceso. Destacó que la tradición de pegar los resultados en las casillas refuerza la transparencia y que la eliminación de esta práctica representa un retroceso democrático.
Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que el cómputo debía realizarse tanto en las casillas como en las sedes distritales y cuestionó la falta de reglas especiales para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial.
En defensa del proyecto, Fuentes Barrera explicó que la decisión responde a un contexto presupuestal y que el modelo del INE garantiza certeza e integridad. Argumentó que la complejidad del proceso hace inviable que ciudadanos sin experiencia realicen el cómputo en una sola jornada.
El cambio aprobado marca una modificación en el modelo de ciudadanización electoral vigente desde hace décadas en México y ha generado un debate sobre sus implicaciones en la transparencia y confianza en el proceso electoral.
