Israel Mendoza Pérez | @imendozape
Desde hace un año, la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, tomó el camino de la preponderancia política sobre las decisiones jurídicas. Su apuesta, desde que llegó a la presidencia del Tribunal Electoral, fue la de ligarse a los grupos poderosos dentro de las estructuras de los partidos políticos.
Con Morena, apostó al carro del triunfo y se subió al estribo para convertirse en aliada de la transformación. Su más reciente declaración respecto de darle luz verde a la elección judicial y dejar en manos del Senado la insaculación para proteger los derechos de los aspirantes la ratificó como la magistrada afín al poder político.
“Soy solidaria en ese sentimiento, pero jurídicamente hablando y como autoridad que es, este tribunal no puede permitir que sus sentencias no se cumplan”, expresó.
La magistrada y su petit comité al interior del tribunal tuvieron una postura tibia desde que comenzó a trazarse la Reforma Judicial. No es nueva su postura, aunque sí es abiertamente alineada al poder en turno. La magistrada Mónica Soto se dedicó a deslindar al Tribunal Electoral de las decisiones y marcar distancia del Consejo de la Judicatura. Ahora, los resultados están a la vista. Sin rubor, la magistrada debilitó la independencia judicial.
Además, exhibe los defectos y debilidades con los que se desarrolla la parte final de la Reforma Judicial, debido a su entrega y afán de quedar bien con el oficialismo. La extralimitación del Tribunal Electoral confirma que la implementación de la reforma se pone en marcha con deficiencias de forma y fondo. Lo que significa esta distorsión es que la concentración de poder intensifica el control político sobre el proceso de nombramientos, lo que derrumba la imparcialidad con la que se intentó que naciera esa reforma.
El escenario de renuncia por parte del comité y la decisión político-jurídica del Tribunal Electoral tiene una derivación en la violación a la Constitución Política. Soto Fregoso permitió que el Tribunal y el Senado se empoderaran y asumieran de facto facultades que no les correspondían, sin reparar que, en el mediano plazo, se tendrá un Poder Judicial poco eficaz y con una carga de desconfianza por las formas en que llegan a las boletas electorales los juzgadores elegidos. Desde el inicio de los debates de la Reforma al Poder Judicial, los integrantes del Tribunal Electoral, del equipo de la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto, mostraron una inusitada indiferencia, traducida en posturas tibias, facciosas y acomodaticias.
La magistrada Mónica Soto ya marcó su carrera y, en adelante, tendrá una visión del nuevo orden alejada de las decisiones técnico-jurídicas. Su cercanía con los dirigentes de los partidos es parte de mantener una supervivencia en tiempos en que un nuevo régimen político necesita nuevas instituciones. Y ella está dispuesta a dar el salto con el mejor postor.
La magistrada afín al poder político se encuentra más apegada a los grupos de interés que a ofrecer justicia a la militancia y los ciudadanos. Al final, eso le reditúa en su salvación política.
