La marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del 13 de octubre en la Ciudad de México no se limitó a exigir mejores salarios. La demanda de destituir a Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), colocó en discusión la legitimidad de quienes negocian el ingreso de la base trabajadora.
De acuerdo con Informativo Noticias, los manifestantes reclamaron un aumento de 10 por ciento frente a una propuesta sindical de 6.8 por ciento, compuesta por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones. La diferencia entre ambas posiciones muestra una disputa por el contenido del acuerdo y por la capacidad de la dirigencia para representar a sus afiliados.
La asistencia presenta cifras distintas entre fuentes. Informativo Noticias calculó alrededor de siete mil participantes, mientras que una nota de Ovaciones, conservada en el acervo de Corzaro, atribuyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina una estimación de cinco mil. Ninguna de esas cantidades debe presentarse como un conteo propio.
El contingente reunió personal médico, de enfermería, especialistas y trabajadores de guarderías procedentes de varias entidades. Partió de las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI y llegó a las oficinas centrales del Seguro Social en Paseo de la Reforma, una ruta que llevó las demandas desde los centros de atención hacia la sede de las decisiones administrativas.
Los participantes pidieron respuestas al director general del IMSS, Zoé Robledo; al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El reclamo dirigido a las autoridades federales no sustituye las responsabilidades de la dirigencia sindical, pero amplía los interlocutores del conflicto.
Vinicio Martínez, identificado en el reporte de Informativo Noticias como dirigente del bloque disidente, sostuvo que los trabajadores quieren ejercer su profesión con condiciones dignas, no abandonar los hospitales para manifestarse. Su posición conecta la negociación salarial con las denuncias por falta de medicamentos y materiales, cuyo alcance aún requiere corroboración independiente.
Los manifestantes recuperaron su trabajo durante la pandemia de Covid-19 como argumento para exigir reconocimiento y denunciaron presuntas intimidaciones contra la disidencia. Estas acusaciones no están acompañadas, en el material consultado, por una determinación de autoridad que establezca responsabilidades.
La protesta recibió respaldo de integrantes de la CNTE, trabajadores del transporte colectivo, empleados de Pemex y estudiantes de la UNAM, según Informativo Noticias. Esa solidaridad amplía la visibilidad del conflicto, aunque no acredita una alianza orgánica entre las organizaciones participantes.
La consulta salarial prevista para el 14 de octubre será el siguiente punto de disputa. Un resultado favorable a la propuesta sindical no borraría automáticamente las denuncias sobre representación y condiciones de trabajo; un rechazo obligaría a revisar la negociación. El conflicto no termina con contar votos: también exige saber si quienes votan reconocen a quienes hablan por ellos.
