No hubo sirenas. Solo el rumor grave de los motores encendidos en la Base Aérea Militar Número 1, en Santa Lucía. Eran las tres de la mañana cuando el convoy de custodios federales rompió la quietud. Afuera, la noche pesaba como plomo; adentro, los grilletes cortaban el silencio con chasquidos metálicos.
Veintiséis hombres, jefes curtidos por la violencia, esperaban encorvados bajo la luz amarilla de los reflectores. Habían ordenado secuestros desde celdas húmedas, pactado envíos de cocaína y fentanilo desde teléfonos ocultos en muros, y mandado matar a rivales sin cruzar el umbral de su celda. Pero esta vez no había negociaciones. Ni amparos, ni jueces complacientes, ni traslados cómodos a penales estatales.
El primero en subir a la escalerilla del avión fue Abigael González Valencia, El Cuini, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación. Detrás, con el gesto de un profesor derrotado, Servando Gómez Martínez, La Tuta, jefe de los Caballeros Templarios. Y un poco más atrás, con la mandíbula apretada y el peso de un apellido que nunca es anónimo, Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix, yerno de Ismael Mayo Zambada.
La cadena humana avanzaba lenta, custodiada por marinos, soldados, guardias nacionales y agentes de la Fiscalía. Novecientos ochenta y ocho elementos desplegados, noventa vehículos listos para cualquier fuga imposible. A cada paso, el aire parecía más denso.
Once aeronaves aguardaban para partir hacia destinos fríos y ajenos: White Plains y el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York; San Diego, California; Phoenix, Arizona; Dulles, Virginia. Desde ahí, los reos serían absorbidos por los sistemas judiciales estadounidenses, donde las celdas no se negocian y las condenas son de hierro: cuarenta y cinco años para el más afortunado, cadena perpetua para la mayoría.
En la conferencia de prensa posterior, el fiscal Alejandro Gertz Manero repetía para las cámaras que aquello no era una extradición. Era la Ley de Seguridad Nacional, artículo quinto, en ejercicio pleno. “No habrá obstáculo legal para defender a nuestra gente”, dijo, mientras los reflectores le dibujaban un perfil de sombra sobre el asfalto.
El secretario Omar García Harfuch, a unos metros, hablaba de soberanía y estrategia contra la extorsión. Negaba presiones del presidente Donald Trump, aunque en Washington el ruido político crecía: The New York Times había soltado la versión de que el mandatario instruyó al Pentágono explorar acciones militares contra los cárteles en México. La negación oficial no borraba la sensación de que algo se movía en las entrañas de la relación bilateral.
Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, agradecería horas después la cooperación mexicana y advertiría que estos hombres “han traído violencia y drogas” a su país. No era una frase hueca: en sus expedientes había nombres de víctimas, coordenadas de fosas, toneladas de droga decomisada y órdenes de muerte.
Cuando el último avión levantó el vuelo, quedaba en tierra el eco de cadenas y botas, como si la madrugada hubiera absorbido un golpe seco. En México, los penales estaban un poco más vacíos; en Estados Unidos, las prisiones federales abrían nuevas celdas. Y en las calles, las estructuras criminales empezaban a reacomodarse, porque en el ajedrez del narco nunca hay jaque mate definitivo.
