La discusión del Plan B electoral en el Senado se perfila para aprobarse en lo general con apoyo de Morena, PVEM y PT, mientras la revocación de mandato se separa del dictamen ante resistencias internas.
La discusión del Plan B electoral en el Senado entró en una fase decisiva con una ruta legislativa que busca asegurar su aprobación en lo general, al tiempo que desactiva uno de los puntos de mayor fricción política: la revocación de mandato. La estrategia, delineada en reuniones internas de Morena, consistió en reservar el artículo 35 constitucional para votarlo por separado.
La decisión respondió a la postura del Partido del Trabajo, que había manifestado reservas ante la posibilidad de que la figura de revocación permitiera a la presidenta Claudia Sheinbaum incidir en el proceso electoral. Con la separación de ese apartado, el bloque oficialista buscó garantizar los votos necesarios para avanzar con el resto de la reforma.
Dentro del Senado se consolidó la previsión de que Morena, el Partido Verde y el PT votarían a favor del dictamen en lo general, mientras que el tema de la revocación quedaría sujeto a una discusión específica en lo particular. La propia presidenta había anticipado en su conferencia matutina que la iniciativa podría votarse de forma fragmentada.
El coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, confirmó ese escenario al señalar que existe consenso para respaldar el proyecto en lo general, aunque reconoció que algunos artículos podrían reservarse para permitir posicionamientos diferenciados entre las bancadas. Indicó que en su grupo parlamentario se contemplaba incluso la posibilidad de que un legislador se separara en un punto específico.
El contenido del Plan B que sí genera coincidencias incluye medidas de austeridad institucional y rediseño de estructuras electorales. Entre ellas, la reducción de regidurías a un máximo de 15 por municipio, así como la eliminación de prestaciones adicionales para funcionarios del Instituto Nacional Electoral, magistrados electorales y órganos administrativos locales.
La iniciativa también plantea límites presupuestales para los congresos estatales, al establecer que sus recursos no excedan el 0.70 por ciento del gasto anual de cada entidad, además de una reducción progresiva del 15 por ciento al presupuesto del Senado durante cuatro años.
A pesar del avance en lo general, la discusión evidenció tensiones dentro de la coalición gobernante, particularmente en torno a la revocación de mandato. Mientras Morena impulsa su incorporación como herramienta política, el PT mantiene reservas que podrían traducirse en votos en contra en la fase de reservas.
El desarrollo de la sesión vespertina en la Cámara alta confirmó que el Plan B se sostiene sobre un equilibrio legislativo que combina acuerdos parciales con desacuerdos estratégicos, en un contexto donde la viabilidad de la reforma depende de separar los puntos de mayor conflicto para asegurar su aprobación inicial.
