México apareció de nuevo en la disputa entre Estados Unidos y China, esta vez por la confiabilidad de las empresas y las causas de la violencia criminal. Las acusaciones surgieron de representaciones diplomáticas y no de un procedimiento judicial contra compañías específicas.
Ronald Johnson, embajador estadounidense en México, defendió la integración económica norteamericana ante inversionistas y advirtió sobre la participación de empresas chinas en sectores estratégicos.
La Embajada de China respondió con “profundo descontento” y “firme oposición”. Rechazó que Washington desacredite a sus empresas y responsabilizó al mercado estadounidense de drogas y al tráfico de armas hacia México de alimentar la violencia.
La respuesta amplió el intercambio desde el terreno comercial hacia el de la seguridad. Beijing señaló que las armas ilegales y los recursos asociados al narcotráfico procedentes de Estados Unidos afectan a las comunidades mexicanas.
En el fondo está la competencia por cadenas de suministro, manufactura, energía y mercados en América del Norte. México es socio comercial esencial de Estados Unidos y recibe propuestas de inversión de distintos países.
Las afirmaciones de ambos representantes tienen peso político, pero siguen siendo declaraciones. No demuestran por sí solas que una firma china incurrió en irregularidades ni resuelven el origen de los flujos ilícitos señalados.
El Gobierno mexicano debe administrar su relación comercial con Washington sin convertir cada controversia entre potencias en un conflicto diplomático propio. Esa condición no elimina las presiones derivadas de la cercanía económica con Estados Unidos.
El intercambio deja una disputa abierta sobre inversión y seguridad. Sus consecuencias concretas dependerán de decisiones regulatorias, comerciales y diplomáticas que aún no se desprenden de las declaraciones conocidas.
