Más de 100 policías resultaron heridos en Fráncfort, uno de ellos de gravedad, durante los disturbios que siguieron a las protestas juveniles del 31 de octubre en Alemania. Las autoridades de Hesse informaron también de 54 detenidos, mientras investigan daños y saqueos en el centro de la ciudad.
El ministro regional del Interior, Roman Poseck, precisó que 17 establecimientos sufrieron daños y cinco fueron saqueados. La policía llegó a desplegar hasta mil 300 agentes y practicó 366 controles de identidad durante la operación.
La iniciativa Gen Z regelt había convocado manifestaciones en más de treinta ciudades para reclamar mayor inversión en educación, salud y protección social, medidas contra el costo de la vida y políticas climáticas más firmes. También expresó rechazo al regreso del servicio militar obligatorio.
El ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt, condenó los ataques y advirtió: “Los alborotadores y saqueadores serán identificados y deberán rendir cuentas”. Atribuyó la violencia a grupos de extrema izquierda y a personas procedentes de comunidades migrantes, una caracterización que corresponde a su declaración.
En Fráncfort, la policía distinguió entre incidentes registrados hacia el final de la manifestación y disturbios posteriores en zonas comerciales. Según Poseck, entre mil y mil 500 personas participaron en acciones violentas; esa estimación no describe al conjunto de quienes acudieron a protestar.
Las marchas fueron mayoritariamente pacíficas, aunque también hubo enfrentamientos y daños en Colonia, Berlín y otras ciudades. Las fuerzas de seguridad utilizaron cañones de agua ante el lanzamiento de objetos y pirotecnia en algunos puntos.
Los organizadores de Gen Z regelt rechazaron los episodios violentos. Dirk Wiese, dirigente parlamentario socialdemócrata, pidió atender las demandas de los jóvenes sobre educación e igualdad de oportunidades sin restar importancia a las agresiones contra policías y comercios.
La investigación deberá determinar responsabilidades individuales por las lesiones, los daños y los saqueos. La discusión política sobre las condiciones de vida de los jóvenes continuará por separado de los procesos abiertos tras los disturbios.
