Gobierno de México presentará gobierno queja contra el ministro Luis María Aguilar por actuación omisa
A seis días del inicio del ciclo escolar 2023-2024, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Luis María Aguilar otorgó una suspensión al gobierno de Coahuila para frenar la entrega de los libros de texto.
“Se concede la suspensión para el único efecto de que no se distribuyan los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, en el que se verificará que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los planes y programas de estudio, establecidos en la LGE”.
Hasta ahora, dos estados han acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para oponerse a la distribución de los nuevos libros de texto, siendo Chihuahua el primero en hacerlo.
La semana pasada, el gobierno de Coahuila presentó la controversia constitucional 412/2023, impugnando la elaboración, edición, impresión y distribución de los libros de texto gratuitos debido a la incertidumbre pública sobre su contenido.
La suspensión concedida por el ministro Aguilar tiene como objetivo detener la distribución de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 hasta que se resuelva el fondo del asunto. Esto implica verificar si se han seguido los procedimientos legales para determinar los planes y programas de estudio, como establece la Ley General de Educación.
Previamente, un juez federal otorgó un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) para frenar la distribución de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2023-2024.
El gobierno de México impugnará
El gobierno federal presentará una queja contra Luis María Aguilar por su actuación en el caso de una empresa que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos, informó Félix Arturo Medina, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
“Este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia debe erradicarse de nuestra nación para beneficio de todos los mexicanos”, dijo.
Medina Padilla apuntó que, en 2010, 2011 y 2013, una “empresa de gran tamaño” y “con presencia nacional” fue fiscalizada, encontrándose que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos.
Explicó que esta empresa, “abusando de su gran estructura corporativa”, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos.
“La Suprema Corte tiene un papel fundamental en estas estrategias, pues solicita de manera frecuente el ejercicio de la facultad de atracción de sus asuntos con el pretexto de que son novedosos y relevantes, no obstante que existen jurisprudencias y antecedentes, precedentes, de que el tema tiene que ser resuelto como lo han resuelto los tribunales colegiados.
“Estos 25 mil millones de pesos no han podido ser recuperados. Desde hace 13 años se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios y, en particular, en los últimos ocho meses el ministro Luis María Aguilar Morales, quien con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa, pidió al pleno de la Suprema Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada”, acusó.
