La funcionaria ubicó la planta en el Parque Industrial Pesquero General Rodolfo Sánchez Taboada, donde ya operan actividades industriales, portuarias y pesqueras. Precisó que el proyecto contempla una capacidad de almacenamiento de hasta 290 mil metros cúbicos de gas natural licuado.
“El gas va a salir por un máximo de cinco buques al mes, es decir, 60 buques al año”, explicó González. La secretaria sostuvo que ese movimiento equivaldría al cuatro por ciento del tránsito marítimo actual en la zona, sin detallar en su presentación la base estadística utilizada para el cálculo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió presentar ambas proporciones para responder a las preocupaciones por el tamaño de la terminal y su operación en el Golfo de California. Reconoció la existencia de un amparo y anunció una explicación posterior con autoridades ambientales.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente informó el 24 de septiembre que había emitido la autorización ambiental el 13 de abril de 2026 y la había notificado el día 14, antes de las suspensiones judiciales dictadas en mayo dentro del amparo 352/2026. La autorización fue incorporada posteriormente a la controversia judicial para su revisión.
Una investigación de Causa Natura Media documentó diferencias entre las 41.78 hectáreas comprendidas en la evaluación ambiental y los polígonos terrestres y marítimos cedidos a la empresa por autoridades estatales y federales, cuya suma supera 90 hectáreas. Las distintas superficies no deben confundirse sin precisar qué instalaciones y actividades abarca cada una.
El propio sitio de Amigo LNG anuncia un terreno de 60 hectáreas y dos muelles para buques metaneros. La diferencia entre ese dato empresarial y la superficie mencionada por el gobierno obliga a distinguir terrenos, obras proyectadas y área sometida a evaluación ambiental, en lugar de tratarlos como cifras equivalentes.
La disputa permanece abierta ante el Poder Judicial. La presentación federal establece la escala que el Ejecutivo atribuye a la terminal, pero no sustituye las determinaciones sobre el alcance de la autorización y la consulta ambiental que deberán resolverse dentro del juicio de amparo.
