La administración de Donald Trump aumentó las deportaciones durante su segundo mandato, pero continúa lejos del objetivo de expulsar a un millón de personas anualmente, según un análisis del Migration Policy Institute (MPI) divulgado el jueves 22 de octubre de 2026.
Associated Press informó que el estudio estima alrededor de 660 mil deportaciones en el último año fiscal y aproximadamente 980 mil durante los primeros 18 meses de la segunda administración Trump. Los periodos se superponen y las cantidades no deben sumarse.
El MPI elaboró sus estimaciones con registros públicos y documentos obtenidos mediante solicitudes de información. La falta de publicación periódica de determinadas estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional dificulta establecer una contabilidad homogénea.
El estudio calcula que las expulsiones del último año fiscal aumentaron 26 por ciento respecto del promedio anual durante la administración de Joe Biden, aunque permanecen por debajo de la meta presidencial. Associated Press recuerda que en 2000 se registraron alrededor de 1.86 millones de expulsiones, comparación que requiere considerar diferencias entre categorías administrativas.
Otro cambio es el origen de las detenciones: aproximadamente 28 por ciento de las personas deportadas en 2025 habían sido detenidas en el interior estadounidense; para julio de 2026 la proporción alcanzaba 39 por ciento. Esto indica una mayor intervención sobre población que ya residía en el país.
El MPI también identificó alrededor de 170 mil salidas voluntarias desde el regreso de Trump. Estos procedimientos no equivalen necesariamente a deportaciones formales y pueden tener consecuencias legales distintas.
La Casa Blanca difundió una cifra mayor: aproximadamente 1.2 millones de deportaciones o expulsiones, según un documento gubernamental del 20 de octubre citado por AP. Sin una conciliación metodológica pública, no puede afirmarse que ambas mediciones sean directamente comparables.
Para México, el dato pendiente es el desglose por nacionalidad, tipo de procedimiento y destino. Las cifras generales no permiten saber cuántas personas mexicanas fueron afectadas ni dimensionar por sí solas la demanda sobre los consulados.
