La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como “lamentable” la muerte de seis migrantes, tras ser perseguidos y baleados por soldados del Ejército mexicano en Villa Comaltitlán, Chiapas. La mandataria aseguró que los elementos involucrados ya están a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y que se tomaron medidas para evitar que se repita un incidente de esta naturaleza.
“Es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado”, afirmó Sheinbaum, subrayando que corresponde a la FGR determinar las responsabilidades, tanto de los soldados que dispararon como de los mandos superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Agregó que el general secretario Ricardo Trevilla Trejo ya recibió instrucciones para asegurar que este tipo de incidentes no se repitan.
El suceso ocurrió el 1 de octubre cuando una camioneta que transportaba 33 migrantes no se detuvo en un retén militar, lo que llevó a una persecución y disparos por parte de los soldados. El vehículo terminó accidentado, resultando en la muerte de seis personas, incluyendo cuatro hombres adultos, una niña y un joven, originarios de Egipto, India, Arabia Saudita, Pakistán, Nepal y Cuba.
Sheinbaum informó que las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) ya están en contacto con las embajadas de los países de origen de las víctimas para coordinar el apoyo a los familiares. Se ha prometido asistencia para el traslado de los cuerpos, así como el apoyo legal y psicosocial necesario.
El Colectivo Monitoreo Frontera Sur, una organización que defiende los derechos de los migrantes en la región, exigió una investigación exhaustiva de los hechos. Según la organización, los migrantes muertos y heridos tenían necesidades de protección internacional y criticaron la falta de políticas adecuadas para evitar este tipo de tragedias.
El colectivo recordó otros incidentes en los que migrantes han sido víctimas de la violencia en Chiapas, incluyendo un accidente en octubre de 2023 en Pijijiapan, donde murieron 10 personas, y un incidente similar en 2021, en el que 55 migrantes fallecieron en Tuxtla Gutiérrez.
Entre las demandas del colectivo hacia el Gobierno mexicano se encuentran la implementación de políticas migratorias basadas en derechos humanos, la garantía de atención médica adecuada para los heridos, y apoyo integral para las familias de las víctimas. También se solicitó que los testimonios de las víctimas sean parte central de la investigación de la Sedena y la FGR, con el fin de esclarecer completamente los hechos y garantizar que se tomen medidas de reparación y no repetición.
El Gobierno mexicano enfrenta presiones tanto internas como internacionales para esclarecer lo ocurrido y evitar que hechos de esta naturaleza sigan ocurriendo en las rutas migratorias que atraviesan el país. Las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad directa de los soldados involucrados y si hubo negligencia en la cadena de mando.
