El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la reforma judicial que impulsa en el Congreso no afectará a los trabajadores del Poder Judicial, quienes han iniciado un paro nacional indefinido en protesta contra la medida. En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario insistió en que el problema radica en la corrupción de los altos funcionarios del Poder Judicial y no en los trabajadores, a quienes prometió que sus derechos laborales y empleos no están en riesgo. Reafirmó que su gobierno no reprimirá las manifestaciones, destacando que el movimiento no tendrá mayores repercusiones.
El paro de labores, convocado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), comenzó el miércoles, con los empleados judiciales atendiendo únicamente casos urgentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral continúan en funciones. Las manifestaciones se han extendido por todo el país, destacando el plantón en el Palacio de Justicia Federal San Lázaro, cerca de la Cámara de Diputados. En Puebla, los trabajadores judiciales expresaron su rechazo a la reforma con un moño negro y la consigna “El día que los jueces y juezas tengan miedo, ninguna persona podrá dormir tranquila”.
A pesar de las garantías de López Obrador, los manifestantes consideran que la reforma pone en peligro la democracia en México. Con veladoras en mano, denunciaron que “la democracia está muerta”. El presidente, por su parte, reiteró que el paro no afectará a la población, señalando que los jueces y magistrados en huelga no están atendiendo a la ciudadanía. Además, afirmó que los trabajadores se beneficiarán con la reforma, en lugar de ser perjudicados.
En la misma conferencia, López Obrador anunció que solicitará a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y a la consejera jurídica del Poder Ejecutivo, Estela Ríos, que envíen un oficio a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, para resolver dos expedientes fiscales de un valor de 35 mil millones de pesos, que están pendientes desde hace más de un mes. El presidente subrayó que, si la ministra no está en huelga, debería dar trámite a estos asuntos, ya que la resolución no debería estar detenida, considerando que ya se ha resuelto en otras instancias.
López Obrador enfatizó que no debería haber ninguna razón constitucional para que este fallo esté pendiente, y que su gobierno espera una resolución pronta por parte de la ministra presidenta.
