Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), presentó un proyecto que busca ordenar al Senado de la República sustituir al Comité de Evaluación del Poder Judicial. Esta medida pretende reactivar el proceso de selección de candidaturas a juzgadores, que quedó interrumpido. Soto propone insacular a todos los aspirantes que ya cumplen con los requisitos de elegibilidad y eliminar la etapa de evaluación sobre su idoneidad para participar en las elecciones del Poder Judicial, previstas para el 1 de junio.
El proyecto de resolución, que será discutido por la Sala Superior del TEPJF este lunes, califica como inadmisible el incumplimiento y desacato del Comité de Evaluación, que no reactivó el proceso pese a una sentencia previa del tribunal. Soto argumenta que esta medida busca reparar el daño a las personas inscritas y garantizar el cumplimiento del proceso electoral en tiempo y forma.
Propuesta de cumplimiento sustituto
La magistrada planteó adoptar la figura de “cumplimiento sustituto”, otorgando al Senado la responsabilidad de concluir el proceso. Según el documento, se propone una tómbola pública para seleccionar a los aspirantes que ya cuentan con dictámenes favorables de elegibilidad, sin pasar por la etapa de verificación de idoneidad debido a la cercanía del plazo límite.
“El Senado debe asumir esta responsabilidad y, en plenitud de jurisdicción, llevar a cabo la insaculación pública de todos los aspirantes con dictámenes favorables, ya que no es factible evaluar su idoneidad debido a lo avanzado del procedimiento”, señala el proyecto.
De ser aprobado, el Senado tendrá un plazo máximo de 24 horas, tras ser notificado, para emitir los acuerdos y lineamientos necesarios para realizar la insaculación pública.
Argumentos sobre la competencia del TEPJF
En su resolución, Soto destacó que el mandato del TEPJF es de cumplimiento irrestricto e inatacable. Explicó que ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede cuestionar la validez de esta orden, ya que carece de competencia constitucional en materia electoral.
Modificar este mandato, señaló, implicaría alterar el orden jerárquico de las autoridades electorales y permitiría que resoluciones firmes del TEPJF se sujetaran a decisiones de otras instancias, lo que contravendría la Constitución. Además, advirtió que esto significaría una usurpación de atribuciones exclusivas del tribunal.
Con esta medida, Soto busca asegurar que el proceso electoral judicial cumpla con los plazos legales, ya que la lista de personas elegibles debe enviarse a más tardar el 31 de enero.
