El Gobierno de México presentó una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio, con el propósito de homologar su investigación, sanción y prevención en las entidades federativas.
La propuesta se sustenta en la experiencia institucional de la Ciudad de México, donde se consolidó un modelo de investigación que permitió mejorar la atención a víctimas y fortalecer la judicialización de casos, de acuerdo con la Fiscalía General de la República.
La iniciativa plantea modificar el artículo 73 constitucional para establecer un marco jurídico nacional que articule acciones entre los distintos niveles de gobierno, con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género.
El proyecto contempla penas de 40 a 70 años de prisión, la tipificación de la tentativa, la incorporación de agravantes y la definición de razones de género que permitan identificar el delito con mayor precisión.
Asimismo, establece la obligación de investigar toda muerte violenta de mujeres bajo el protocolo de feminicidio, así como la creación de fiscalías especializadas con personal certificado y capacitación permanente.
En materia de derechos, se garantiza la reparación integral del daño, atención a víctimas indirectas y medidas específicas para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
La iniciativa también prevé la creación de registros nacionales y mecanismos de coordinación interinstitucional, así como políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia feminicida.
El Ejecutivo federal informó que la propuesta será enviada al Senado para su análisis y eventual aprobación.
