Doce años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el expediente no está detenido. Tiene nuevas líneas de investigación, personas detenidas, búsquedas en territorio, revisiones de registros telefónicos y una disputa judicial por documentos militares. Lo que sigue pendiente es la respuesta que las familias llevan doce años esperando: dónde están sus hijos.
La Fiscalía General de la República anunció en agosto una nueva etapa de investigación. La fiscal Ernestina Godoy informó que ordenó un reanálisis de las actuaciones existentes y que ese trabajo abrió nuevas líneas. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó después que entre la información revisada están las sábanas de llamadas de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, registros que, según dijo, no habían sido examinados a fondo.
El dato modifica la pregunta sobre el estado actual del expediente. Ya no se trata solamente de saber qué información nueva apareció, sino de establecer qué elementos existentes fueron revisados, cuáles habían quedado fuera de análisis y qué pueden aportar ahora para reconstruir lo ocurrido.
Nuevas líneas, una detención y la misma pregunta
El nuevo ciclo de investigación produjo también la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, identificado por la FGR como Ángel “N”.
La Fiscalía informó el 6 de agosto que obtuvo una orden de aprehensión contra el exmandatario por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas. Según la FGR, dos testimonios protegidos aportaron elementos sobre una presunta instrucción para ocultar información relacionada con las grabaciones de los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Días después, el juez vinculó a proceso al exgobernador por su probable participación en desaparición forzada, bajo la hipótesis de que habría ocultado información relevante para la investigación. La propia Fiscalía señaló que Aguirre debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.
El proceso abre una ruta sobre posibles responsabilidades de autoridades estatales, pero no resuelve por sí mismo el destino de los estudiantes.
La diferencia es fundamental. Una investigación penal puede avanzar hacia quienes presuntamente participaron en el ocultamiento de información; la búsqueda de los 43 exige, además, establecer qué ocurrió con ellos y dónde se encuentran.
Sheinbaum lo planteó en esos términos al explicar el nuevo trabajo de la Fiscalía: las líneas de investigación pueden conducir a nuevas detenciones, pero el objetivo final, dijo, es conocer la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes.
Los 853 folios que siguen bajo disputa
Hay otra pregunta que permanece abierta: qué contienen los documentos de inteligencia militar generados en 2014.
En marzo, una síntesis informativa de la Suprema Corte reportó que un juez federal ordenó a la Secretaría de la Defensa entregar la totalidad de documentos militares generados durante ese año por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, con sede en Iguala, además de información de otras instancias castrenses. La cifra señalada fue de 853 folios que, según el juzgado, permanecían en poder del Ejército.
La disputa tiene un antecedente documentado. En 2023, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa informó que las familias habían solicitado 868 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia correspondientes al periodo comprendido entre abril y octubre de 2014. Tras revisar 17 mil 61 fojas entregadas por la Secretaría de la Defensa, la comisión identificó 18 folios de la información solicitada.
La diferencia entre las cifras forma parte de la propia historia documental del caso y explica por qué los archivos militares siguen siendo materia de litigio.
Para las familias, la entrega de esos documentos está vinculada con el derecho a conocer qué información tenían las instituciones durante aquellas horas y qué hicieron con ella. La existencia de los folios no significa que contengan por sí mismos la respuesta sobre el paradero de los estudiantes; su importancia depende de lo que efectivamente documenten.
El gobierno revisa el expediente que recibió
El gobierno de Claudia Sheinbaum no comenzó la investigación desde cero. Recibió una carpeta construida durante tres administraciones federales, con investigaciones ministeriales, peritajes, búsquedas, informes, litigios y trabajos de organismos nacionales e internacionales. La nueva estrategia parte de revisar ese material.
La FGR informó en agosto que su nuevo modelo de investigación incluye un reanálisis de las actuaciones existentes. Sheinbaum detalló que la revisión de llamadas permitió abrir líneas hacia personas que no habían sido involucradas previamente en la investigación.
El 27 de agosto, la presidenta se reunió con madres y padres de los 43. La Secretaría de Gobernación informó que en el encuentro participaron funcionarios federales, representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones que acompañan a las familias. La reunión tuvo como eje los avances de las investigaciones, nuevas líneas y acciones para localizar a los estudiantes.
Un día después, Sheinbaum informó que el fiscal encargado del caso había presentado nuevas líneas y avances a las familias y que continuarían las reuniones.
La administración federal también ha buscado acompañamiento internacional. En julio, la presidenta explicó que había solicitado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos explorar la incorporación de expertos independientes para revisar la investigación. En septiembre señaló que Naciones Unidas optó por proponer otros especialistas, distintos de los integrantes del antiguo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Por tanto, el GIEI no ha regresado como tal. La propia presidenta ha señalado que ese grupo ya no existe y que la alternativa planteada es contar con expertos independientes a través de Naciones Unidas.
La CNDH abrió otra disputa sobre el papel del Ejército
El caso también incorporó este año una nueva controversia sobre la actuación de las Fuerzas Armadas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 208VG/2026, en la que documentó violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y deficiencias en la investigación de los hechos de Iguala.
El documento generó cuestionamientos por su tratamiento de la responsabilidad militar. La CNDH respondió que su recomendación no exonera al Ejército y sostuvo que corresponde a las autoridades jurisdiccionales y al Ministerio Público determinar responsabilidades.
La controversia no modifica por sí misma el estado de la investigación penal, pero vuelve a colocar en el centro una cuestión que ha acompañado al caso desde sus primeros años: qué sabían las instituciones federales, qué información obtuvieron y qué hicieron con ella. Ahí adquieren nuevamente importancia los archivos militares cuya entrega permanece bajo disputa judicial.
El tiempo también se llevó a quienes buscaban
El aniversario tiene otra dimensión que no aparece en los expedientes: algunos de quienes comenzaron la búsqueda ya no están.
Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, murió el 21 de agosto en la comunidad de Omeapa, en Tixtla, Guerrero. Su esposa, Minerva Bello, madre de Everardo, había muerto en febrero de 2018. Ambos fallecieron sin conocer el paradero de su hijo.
Con Francisco Rodríguez, medios locales reportaron que sumaban ocho padres o madres de los 43 fallecidos sin conocer qué ocurrió con sus hijos. La cifra no es un dato secundario. El expediente puede incorporar nuevas actuaciones con el paso de los años; las familias que iniciaron la búsqueda no tienen ese tiempo por delante.
Doce años después
Ayotzinapa llega al 26 de septiembre de 2026 con una investigación que se mueve en varias direcciones al mismo tiempo.
La FGR abrió nuevas líneas a partir del reanálisis de actuaciones. Hay personas detenidas y procesos judiciales. Se revisan registros telefónicos. Continúan las búsquedas. El caso de Ángel Aguirre abrió una ruta sobre el presunto ocultamiento de información. La CNDH emitió una nueva recomendación. Y la disputa por los 853 folios militares mantiene abierto el litigio sobre información generada en 2014. Nada de eso permite afirmar dónde están los 43.
El expediente puede crecer. Las instituciones pueden producir nuevas hipótesis, detenciones, documentos y resoluciones. Incluso una investigación iniciada doce años atrás puede encontrar ahora elementos que antes no fueron explotados.
Pero el tiempo introduce una medida distinta: ocho padres y madres han muerto sin conocer el destino de sus hijos, según reportes publicados tras la muerte de Francisco Rodríguez. La pregunta que nació la noche del 26 de septiembre de 2014 sigue siendo la misma que las familias llevan doce años formulando: ¿dónde están los 43?
