El descenso de la percepción de inseguridad en las ciudades mexicanas no elimina la presión sobre los gobiernos encargados de proteger a la población: en septiembre de 2026, más de la mitad de las personas adultas consultadas todavía consideraba inseguro vivir en su ciudad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 58.1 por ciento de la población de 18 años y más residente en 91 áreas urbanas de interés manifestó esa percepción. La proporción fue inferior al 59.8 por ciento de junio de 2026 y al 63.0 por ciento de septiembre de 2025, diferencias que el instituto calificó como estadísticamente significativas.
El resultado general reúne experiencias urbanas distintas. Entre junio y septiembre, 10 de las 91 áreas registraron reducciones estadísticamente significativas y seis presentaron incrementos. La variación territorial muestra por qué una cifra nacional de percepción no basta para evaluar la situación de cada ciudad.
Ciudades con trayectorias diferentes
El INEGI señaló que Hermosillo pasó de 43.2 a 53.2 por ciento; Lázaro Cárdenas, de 33.0 a 42.3 por ciento, y Ciudad Victoria, de 47.5 a 56.5 por ciento. Fueron las áreas con los incrementos estadísticamente significativos más altos respecto de junio.
Las diferencias también atraviesan la experiencia de mujeres y hombres: 64.2 por ciento de las mujeres y 50.6 por ciento de los hombres dijeron que era inseguro vivir en su ciudad. El contraste plantea una dimensión de género que no queda resuelta con el promedio general.
Los espacios cotidianos siguen concentrando preocupación. El 68.7 por ciento declaró sentirse inseguro en cajeros automáticos situados en la vía pública y el 61.8 por ciento en las calles, dos ámbitos donde la presencia institucional y las condiciones del entorno urbano influyen en la experiencia ciudadana.
Percepción y delitos no son el mismo indicador
La ENSU mide percepción, no el número de delitos denunciados ni la incidencia delictiva registrada por fiscalías. Comparar sus resultados con cifras de homicidios u otros delitos exige distinguir indicadores y periodos, porque describen aspectos diferentes del problema.
El descenso agregado abre una oportunidad para las autoridades, pero también una exigencia de rendición de cuentas: explicar qué políticas se aplicaron en cada ciudad, cuáles resultados pueden documentarse y por qué persisten brechas territoriales y de género.
El desafío no consiste únicamente en reducir un porcentaje trimestral. Consiste en convertir la mejora estadística en condiciones de seguridad que puedan reconocerse en la calle y en la vida diaria.
