INE aprueba los anteproyectos de asignación de diputaciones y senadurías plurinominales

• La Comisión de Prerrogativas del INE aprobó los anteproyectos que asignan curules y escaños a los partidos, confirmando la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

La elección de 2024 dejó a México en un estado de tensión política, como era de esperarse. Las urnas habían hablado, pero las repercusiones de sus resultados todavía resonaban en los pasillos del poder y las calles de las ciudades. En el centro de la tormenta, una palabra se repetía con insistencia: sobrerrepresentación.

La sobrerrepresentación es un término que, en principio, debería ser claro y contundente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece límites precisos para garantizar que ningún partido o coalición obtenga una representación desproporcionada en el Congreso, lo que podría poner en peligro la pluralidad y la equidad democrática. Pero en la práctica, esta palabra se ha convertido en un campo de batalla para interpretaciones, donde la verdad parece diluirse entre las estrategias políticas y las pasiones electorales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) había sido claro en su postura. Desde 2009 se había establecido un criterio que separaba la asignación de curules de representación proporcional (plurinominales) para cada partido, sin considerar las coaliciones como un todo. Este enfoque pretendía prevenir que los partidos, al unirse en coaliciones, pudieran burlar el límite de ocho por ciento de sobrerrepresentación, estipulado en la ley.

Pero con las elecciones de 2024, esta interpretación enfrenta su mayor desafío. Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, han ganado un número significativo de escaños por mayoría relativa. A este triunfo se sumaba un número igualmente considerable de diputaciones plurinominales, lo que los acercaba al límite constitucional. La pregunta, entonces, era si el INE permitiría que Morena y su coalición superaran este límite bajo el argumento de que se trataba de un solo bloque político.

En un contexto de creciente polarización política, las voces se alzaron rápidamente en contra y a favor. Para algunos, la interpretación del INE era una medida necesaria para proteger la democracia mexicana de un regreso al autoritarismo. Para otros, representaba un obstáculo artificial para un proyecto de gobierno respaldado por la mayoría de los votantes.

La decisión del INE: la aplanadora va

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los anteproyectos que validan la elección de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional. Estos anteproyectos asignan las curules y escaños a los partidos políticos, completando así la distribución en el Congreso de la Unión.

Los proyectos deberán ser ratificados por el Consejo General del INE el próximo viernes. Se determinó que Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, será reemplazado por Amalia García en el Senado para cumplir con la paridad de género.

La oposición expresó preocupaciones sobre un posible fraude a la ley y sobrerrepresentación de Morena, pero el consejero Uuc Kib Espadas destacó la necesidad de respetar el marco constitucional.

La secretaria técnica, Yessica Alarcón Góngora, explicó que las decisiones están fundamentadas en la Constitución y criterios del TEPJF.

En la Cámara de Diputados, Morena ocupará 236 curules, y en el Senado, Morena y sus aliados sumarán 83 escaños.

Álvaro Marvaez, del PAN, criticó la asignación, acusándola de fraude, mientras que Sergio Gutiérrez de Morena defendió el proceso, señalando que refleja la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 2 de junio.

Interpretación Literal de la Constitución

El Consejero Electoral Uuc-kib Espadas desglosó con claridad el proceso de asignación de “pluris”, subrayando que la Constitución y la ley son explícitas en cuanto a los límites de sobrerrepresentación.

“La regla básica es simple: si un partido obtiene 10 por ciento de los votos, debería tener, en principio, 10 por ciento de las diputaciones de representación proporcional, es decir, 20 diputados. Sin embargo, hay particularidades que complican esta distribución, como el hecho de que no cuentan los votos nulos ni aquellos emitidos por partidos que no alcanzan el tres por ciento del total de votos”, explicó Espadas.

El consejero insistió en que el INE no podía considerar a las coaliciones como una entidad única para efectos de representación proporcional, ya que esto abriría la puerta a una sobrerrepresentación que podría desvirtuar la voluntad popular. “Si no se aplicara este criterio, estaríamos frente a una interpretación que, aunque podría ser jurídica, sería contraria a los principios democráticos que intentamos salvaguardar”, concluyó Espadas.

La postura de Morena fue contundente: el criterio del INE era una traba innecesaria y sesgada, que no reflejaba la realidad política del país. Desde su perspectiva, la coalición “Sigamos Haciendo Historia” representaba un proyecto unitario, respaldado por la mayoría de los votantes.

No era justo, argumentan, que se fragmentara su fuerza electoral para aplicar límites que, en la práctica, debilitarían su capacidad de gobernar y cumplir con sus promesas de campaña.

Uno de los líderes morenistas más vocales en esta discusión fue el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. En múltiples ocasiones, Mier defendió la idea de que la sobrerrepresentación, tal como la entendía el INE, era un mito creado para frenar la transformación que Morena buscaba implementar en el país.

“Este debate sobre la sobrerrepresentación es un falso debate”, afirmó Mier durante una conferencia de prensa. “No se trata de cuántos escaños tenemos, sino de que representamos la voluntad del pueblo. Nos respaldan millones de votos, y cualquier intento de limitarnos en el Congreso es un intento de deslegitimar esa voluntad”.

Mier también acusó al INE de actuar con parcialidad, sugiriendo que las reglas se estaban interpretando de manera arbitraria para favorecer a la oposición. “No podemos permitir que un organismo autónomo, que debería ser imparcial, se convierta en un obstáculo para la verdadera democracia”, sentenció.

Se necesita ser cínico para pedir distribución diferente de plurinominales

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la reciente determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la asignación de diputaciones y senadurías plurinominales, calificándola como un procedimiento correcto y apegado a la Constitución. En su conferencia matutina, López Obrador criticó duramente a la oposición, acusándola de intentar modificar la fórmula establecida para la distribución de las plurinominales, la cual ha sido aplicada sin cambios durante los últimos 15 años.

El mandatario expresó su sorpresa por la intención de la oposición de reinterpretar la Constitución, cuando esta es clara y precisa. Consideró que es necesario un alto grado de cinismo para proponer una distribución distinta a la que se ha aplicado en administraciones anteriores, citando como ejemplo al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien utilizó la misma fórmula durante su gestión.

López Obrador también recordó que en años anteriores envió al Congreso una iniciativa de reforma electoral en la que proponía eliminar las plurinominales y reducir el número de diputados de 500 a 300, todos electos de manera directa por el pueblo. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada, lo que el presidente consideró un intento descarado de violar la Constitución y un acto contrario a los intereses del pueblo de México.

La Perspectiva Jurídica

Mientras las tensiones aumentaban, los expertos en derecho electoral también entraron en la discusión, aportando análisis que, en muchos casos, profundizaron las divisiones.

Para algunos juristas, el INE tenía razón al aplicar una interpretación literal de la ley y argumentaron que, en un sistema donde la pluralidad política es un valor fundamental, permitir que una coalición acumule un poder excesivo podría llevar a una distorsión de la representación democrática.

Sin embargo, los opositores sugirieron que el debate no era tan simple. Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intervino en un foro académico, donde señaló que el contexto histórico y político también debía considerarse al interpretar la Constitución.

“No podemos ignorar que la Constitución es un documento vivo, que debe adaptarse a las realidades del país. Si la voluntad popular se expresa mayoritariamente a través de una coalición, es necesario considerar si los límites establecidos originalmente siguen siendo aplicables de manera justa en ese nuevo contexto”, argumentó González Alcántara.

Este enfoque más flexible encontró eco en algunos sectores de la academia y la política, donde se planteó la idea de que las reglas electorales deben evolucionar para reflejar los cambios en la estructura política y social del país.

Sin embargo, estos argumentos también enfrentaron una fuerte resistencia, particularmente de aquellos que veían en ellos un intento de manipular la ley para servir intereses particulares.

La sobrerrepresentación, tal como se discute hoy, es más que una cuestión de números; es un reflejo de las tensiones profundas en la democracia mexicana. Para algunos, representa una amenaza a la equidad y la pluralidad; para otros, es una barrera innecesaria que impide la gobernabilidad efectiva.

El debate sobre la sobrerrepresentación es, en última instancia, un recordatorio de que la democracia no es solo una cuestión de contar votos, sino de interpretar y aplicar los principios que sustentan el sistema.

En un país donde las elecciones no solo deciden quién gobierna, sino cómo se gobierna, estas interpretaciones seguirán siendo el campo de batalla principal. Y mientras tanto, el INE, el TEPJF, y los partidos políticos seguirán desempeñando sus papeles en esta compleja danza, donde cada movimiento tiene el potencial de alterar el equilibrio de poder en la nación.