El Senado aprobó, con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención, reformas a la Constitución que modifican los artículos 25, 27 y 28. Con estas enmiendas se busca fortalecer el control estatal en el sector energético, priorizando la accesibilidad de la electricidad para la población y reduciendo la intervención privada en áreas estratégicas.
Con la nueva normativa, impulsada por el oficialismo, se deroga la reforma energética de 2013, promovida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se suprime el concepto de “empresas productivas del Estado” para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reemplazándolas por “empresas públicas del Estado”. Así, estas entidades asumen un papel preponderante en la industria energética, limitando la participación del sector privado a ciertas actividades sin que prevalezcan sobre las empresas públicas.
El decreto establece que las actividades estratégicas del Estado, como el manejo del litio, no estarán sujetas a concesiones, y el control del sistema eléctrico nacional estará orientado a garantizar la seguridad energética del país y proporcionar electricidad al menor costo posible. La iniciativa también contempla que las leyes determinen cómo podrán participar los particulares en la industria eléctrica, aunque sin que tengan preeminencia sobre las empresas públicas, cuya función será cumplir con su responsabilidad social y asegurar la continuidad del servicio.
La contrarreforma ha generado un intenso debate en el pleno del Senado, donde la mayoría oficialista apoyó la iniciativa, mientras que la oposición, encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN), se manifestó en contra. Los legisladores opositores argumentaron que esta nueva estatización de Pemex y la CFE convierte a las empresas nuevamente en monopolios, lo que podría derivar en violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previendo futuras controversias internacionales.
Además del debate técnico sobre la reforma energética, el pleno se vio marcado por la reciente condena de 38 años y ocho meses de prisión contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. La condena fue un tema recurrente durante las discusiones, con Morena señalando al expresidente Calderón por ignorar los vínculos de García Luna con el narcotráfico.
Julieta Andrea Ramírez Padilla, senadora de Morena, aseguró que Calderón “sabía” de las actividades ilícitas de su secretario, y sostuvo que también debería ser juzgado. “Claro que sabía, y por haber sabido, también debería estar en la cárcel”, expresó desde tribuna.
Ricardo Anaya, senador del PAN, respondió que su partido no defendería lo indefendible y calificó de “vergüenza” lo sucedido con García Luna. “Es correcto que el que la hizo, la pague”, afirmó Anaya, quien también subrayó que su bancada se desliga de los actos del exfuncionario.
Por su parte, la senadora panista Lilly Téllez celebró la sentencia contra García Luna, pero apuntó también hacia el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de vínculos con el crimen organizado. “Espero que también atrapen a Andrés Manuel López Obrador”, sostuvo Téllez en su intervención.
El dictamen de la reforma energética ahora será remitido a los congresos locales para su revisión y eventual ratificación, un paso necesario para que las enmiendas constitucionales entren en vigor.
La oposición se mantiene firme en su postura de que la reforma afectará la competitividad del sector energético, limitará la inversión extranjera y generará conflictos comerciales con los socios norteamericanos de México. Mientras tanto, Morena defiende que el objetivo principal de estas reformas es garantizar la soberanía energética y proteger los recursos estratégicos del país, como el litio, en favor de la población.
