El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) reportó que entre 2025 y 2026 se han ejercido 25 mil 424 millones de pesos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM). El dato fue expuesto por su director general, Adelfo Regino Montes, durante la jornada del 12 de octubre.
Según el balance presentado por Regino Montes, los recursos corresponden a 52 mil 547 obras. El anuncio coloca el financiamiento directo a las comunidades como uno de los ejes de la política indígena, en un momento en que sigue abierta la consulta sobre su legislación secundaria.
La cifra de inversión es acumulada para dos ejercicios, no un presupuesto nuevo autorizado exclusivamente el 12 de octubre. Tampoco debe confundirse el número de obras reportadas con obras terminadas: la información consultada no ofrece aquí un desglose de ejecución, conclusión o fiscalización.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó que la iniciativa de ley pendiente debe incorporar el fondo y garantizar el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público. El debate legislativo determinará cómo se describen esas atribuciones y qué instrumentos de control acompañan la asignación de recursos.
La discusión central rebasa el monto global: importa conocer quién decidió cada proyecto, qué infraestructura se financió y cómo se documenta su utilidad para la comunidad. Esos datos de proyecto y municipio requieren una revisión posterior de padrones y expedientes oficiales.
Planes de Justicia suman 64 mil 523 millones, informa el INPI
Los 22 Planes de Justicia impulsados por el gobierno federal acumulan una inversión reportada de 64 mil 523 millones de pesos y abarcan a 2.6 millones de personas indígenas en 14 estados, informó Regino Montes.
El funcionario incorporó las cifras al balance presentado durante el diálogo con representantes indígenas y afromexicanos en Palacio Nacional. La exposición relacionó los planes con restitución territorial, infraestructura y mecanismos de atención a demandas históricas de distintas comunidades.
El alcance de 2.6 millones corresponde a población beneficiaria reportada por el instituto; no significa que todas esas personas hayan recibido el mismo tipo de apoyo ni que los proyectos tengan idéntico grado de avance. La fuente consultada no desagrega los montos por plan.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que los Planes de Justicia queden considerados en la futura Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. La norma sigue en consulta y no debe presentarse como una legislación aprobada.
Restitución de tierras indígenas entra al balance federal
El balance indígena presentado el 12 de octubre incluyó cifras de restitución territorial para distintas comunidades, un asunto que coloca la propiedad colectiva de la tierra en el centro de la discusión sobre derechos reconocidos en la Constitución.
Adelfo Regino reportó 45 mil 794 hectáreas restituidas al pueblo yaqui y 6 mil 26 hectáreas en la Sierra Tarahumara. También mencionó 5 mil 956 hectáreas para la comunidad wixárika de Jalisco y 569 hectáreas para un primer ejido otomí.
Los cuatro datos corresponden a territorios y procedimientos diferentes. Sumarlos sin distinguir beneficiarios, instrumentos jurídicos o fechas de entrega impediría entender la situación particular de cada pueblo y podría producir una imagen engañosa del avance.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la propiedad comunal tradicional debe formar parte de la iniciativa de ley que continúa bajo consulta. El señalamiento liga la recuperación de tierras con la discusión de garantías colectivas y capacidad jurídica de las comunidades.
La comprobación definitiva de cada superficie requiere decretos de restitución, resoluciones agrarias y documentos de posesión. Hasta contar con ellos, las hectáreas deben atribuirse al balance del INPI y no describirse como una auditoría independiente del proceso.
Consulta indígena acumula 77 asambleas y 2 mil 287 propuestas
El proceso de consulta sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos registraba 77 asambleas regionales, 19 mesas de trabajo y 2 mil 287 aportaciones, según el balance del INPI presentado el 12 de octubre.
La representante tojolabal Yaneth Cruz Gómez solicitó ampliar el plazo y entregó una propuesta de ley durante el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La petición comunitaria fue un elemento explícito de la decisión anunciada ese día.
Sheinbaum informó que la iniciativa no sería presentada al Congreso en la fecha originalmente prevista y que el gobierno esperaría a que concluyera la consulta. El anuncio no equivale a la cancelación del proyecto, sino a una modificación del calendario.
Entre los contenidos pendientes de integrar o revisar figuran el FAISPIAM, los Planes de Justicia, los caminos artesanales y la propiedad comunal tradicional. La amplitud de los temas ayuda a explicar por qué la discusión no se agota con la redacción inicial del Ejecutivo.
El punto decisivo será documentar cómo se procesan las 2 mil 287 aportaciones: cuáles modifican el articulado, cuáles se descartan y con qué justificación. Hasta conocer esa matriz, la cantidad de intervenciones acredita participación reportada, no aceptación automática de todas las propuestas.
