La Justicia de Argentina suspendió el decreto del presidente Javier Milei que disponía la conversión del Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima. La decisión fue tomada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien consideró que la medida podría abrir la puerta a la privatización de la mayor entidad financiera del país.
Ramos Padilla argumentó que la norma permite el ingreso de capitales privados, tanto nacionales como extranjeros, lo que alteraría el carácter de ente autárquico del banco. Señaló, además, que la entidad no estaba incluida en la lista de empresas estatales sujetas a privatización, aprobada por el Congreso en 2024.
“Este decreto ratifica y profundiza la amenaza de privatización denunciada, en tanto constituye un paso decisivo en la conversión del Banco de la Nación en una sociedad anónima, lo que implica la pérdida de su carácter de ente autárquico del Estado nacional, con las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que ello acarrea”, explicó el juez en su fallo.
El pasado 20 de febrero, Milei firmó el decreto que modificaba el status del banco, estableciendo que el Estado tendría el 99.9 % de las acciones, mientras que la Fundación Banco Nación Argentina retendría el 0.1 % restante.
La medida generó críticas desde diversos sectores políticos y sindicales. La Asociación Bancaria, gremio que agrupa a los trabajadores del sector, advirtió sobre el posible impacto en el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas, así como en la estabilidad laboral de los empleados de la entidad.
Por su parte, el Gobierno de Milei defendió el decreto, asegurando que la medida buscaba modernizar la estructura del banco y hacerlo más eficiente. No obstante, distintos economistas alertaron que la privatización parcial podría debilitar su función de banco público y reducir su capacidad para otorgar créditos en condiciones favorables.
La decisión judicial no es definitiva, ya que el Gobierno de Milei puede apelar el fallo ante instancias superiores. Se espera que la causa continúe en tribunales, mientras el oficialismo evalúa nuevas estrategias para avanzar en su política de reforma estatal.
