La diferencia de ingresos entre mujeres y hombres es apenas una parte de un problema mayor: quién puede sostenerse económicamente, acceder a protección social y construir patrimonio a lo largo de su vida. Esa fue la preocupación que atravesó el foro “Mujeres que transforman: del compromiso a la acción”, en el que legisladores y especialistas discutieron los obstáculos para la autonomía económica femenina.
La senadora Amalia Dolores García Medina, vinculada con el seguimiento legislativo de la Agenda 2030, defendió la necesidad de ampliar el acceso de las mujeres al empleo formal, las prestaciones y la seguridad social. Su planteamiento apunta a una consecuencia que suele quedar fuera de la discusión salarial: llegar a la vejez sin ingresos ni protección suficiente.
El trabajo remunerado permite independencia, pero no garantiza por sí solo condiciones equitativas. Las diferencias de salario, la concentración en ocupaciones peor pagadas y las interrupciones laborales asociadas con tareas de cuidado pueden reducir ingresos presentes y pensiones futuras.
La discusión sobre autonomía también incluye el crédito. Una mujer sin historial financiero, propiedad a su nombre o ingresos estables puede encontrar mayores obstáculos para abrir un negocio, adquirir vivienda o responder a una emergencia económica.
En el encuentro participaron representantes del ámbito legislativo, empresarial y de organizaciones especializadas. La diversidad de participantes muestra que el problema no depende de una sola ley: intervienen las prácticas de contratación, los servicios públicos, las políticas de cuidados y el funcionamiento de los mercados financieros.
El reto para el Congreso consiste en convertir los diagnósticos en medidas con presupuesto, responsables y mecanismos de evaluación. Las declaraciones sobre igualdad resultan insuficientes si no se traducen en mayor cobertura de seguridad social y oportunidades efectivas para quienes permanecen fuera del empleo formal.
También es necesario distinguir entre cerrar una brecha estadística y mejorar la vida de las trabajadoras. Una diferencia salarial menor no demuestra por sí misma que haya aumentado el acceso al patrimonio, al crédito o a servicios de cuidado.
La autonomía económica se mide finalmente en decisiones cotidianas: poder dejar una relación violenta, sostener un hogar, continuar estudios o planear la jubilación sin depender de otra persona. Esa dimensión humana explica por qué la discusión legislativa no puede agotarse en una cifra de salarios.
