La remoción de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato cambió el centro de gravedad del caso por los 59 millones de litros de hidrocarburo asegurados en San José Iturbide: la investigación ya no busca únicamente determinar de dónde salió el combustible, sino revisar cómo actuó la propia autoridad que condujo el operativo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el funcionario fue separado del cargo por anomalías detectadas en el procedimiento.
Harfuch explicó que el operativo se ejecutó aproximadamente dos semanas antes de que se hiciera público y que, durante la revisión posterior, la FGR detectó que no se había verificado toda la información. La decisión de remover al delegado introduce una corrección institucional en una operación que había sido presentada como un aseguramiento de gran escala contra el mercado ilícito de combustibles. La dimensión del decomiso dejó de ser suficiente para explicar el caso: ahora también debe establecerse qué información sustentó la intervención y qué controles fallaron.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) tomó la conducción del expediente. La FGR mantiene abierta la revisión de documentos, empresas vinculadas, propiedad, procedencia y trazabilidad del combustible, después de que surgieran cuestionamientos sobre la documentación y los permisos relacionados con las instalaciones de San José Iturbide. La propia Fiscalía informó que no había recibido de todas las empresas involucradas elementos suficientes para acreditar de manera completa el origen, manejo y destino de la totalidad del producto.
El expediente tiene un origen anterior al megaaseguramiento. La investigación comenzó el 3 de julio de 2026, después de la detención de una persona relacionada con una pipa con capacidad aproximada para 33 mil litros de diésel en San Luis de la Paz. Las diligencias federales llevaron después a una gasolinera, a un inmueble relacionado con el despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y finalmente a una terminal de almacenamiento ubicada en la comunidad de La Fragua, donde fueron localizados los millones de litros de combustible.
El recorrido del expediente importa porque muestra que el aseguramiento de los 59 millones de litros fue el resultado de una cadena de actuaciones ministeriales y no un hallazgo aislado. Por eso, cuando Harfuch confirma que la delegación federal que condujo esa etapa fue removida por anomalías, la revisión alcanza el mecanismo mediante el cual una investigación inicial terminó convirtiéndose en uno de los mayores aseguramientos de hidrocarburo anunciados en Guanajuato durante 2026.
La autoridad estatal comenzó entonces a delimitar su propia responsabilidad. El secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, sostuvo que la dependencia estatal participó en labores de investigación, inteligencia, elaboración de informes policiales y apoyo operativo, pero separó esas tareas de la investigación ministerial que corresponde al Ministerio Público Federal.
González Martínez afirmó que el primer aseguramiento estatal fue el de una pipa que no contaba con documentación para acreditar la legal procedencia del hidrocarburo. Según su explicación, el producto fue puesto a disposición de la autoridad ministerial federal y las diligencias posteriores correspondieron al Ministerio Público Federal. Con esa delimitación, el gobierno estatal evita asumir como propia la parte del expediente que ahora se encuentra bajo revisión de la FEMDO.
El deslinde alcanzó también a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Su titular, Gerardo Vázquez Alatriste, afirmó que el caso corresponde íntegramente a la Federación y descartó que la institución estatal abra una investigación paralela. “Será el Ministerio Público de la Federación quien atienda los hechos”, declaró. La posición fija una frontera institucional: Guanajuato no reclama la conducción del expediente y tampoco asume responsabilidades sobre las decisiones ministeriales cuestionadas.
El punto más delicado permanece bajo custodia de la Federación. González Martínez dijo desconocer quién mantiene actualmente el hidrocarburo y quién tiene su custodia, y sostuvo que esa información debe ser proporcionada por la FGR. También afirmó que cualquier irregularidad detectada en la investigación debe ser explicada por la Fiscalía federal.
La empresa Gas Natural del Noroeste, operadora de la terminal, sostuvo después del aseguramiento que las instalaciones cuentan con permisos para almacenar petrolíferos y que el combustible pertenece a las empresas que utilizan sus servicios. La compañía citó el permiso PL/19344/ALM/2016 y afirmó que entregó información a las autoridades para atender las diligencias. Esa versión forma parte de los elementos que la investigación federal debe contrastar con la documentación reunida por el Ministerio Público.
El relevo de Vera Ayala también tiene una dimensión institucional que trasciende al funcionario separado. González Martínez sostuvo que su salida no debe romper la coordinación entre las autoridades federales y estatales y afirmó que las instituciones no dependen de una sola persona. La declaración busca preservar el canal de cooperación mientras la FGR revisa una actuación atribuida precisamente a su representación en Guanajuato.
La contradicción central del caso ya no está únicamente entre la versión oficial y la documentación de las empresas. Está dentro del propio aparato federal: la FGR presentó un aseguramiento de enorme dimensión y después removió al funcionario responsable de su representación estatal por anomalías detectadas en el procedimiento. Hasta que la FEMDO concluya su investigación, no puede establecerse que los 59 millones de litros correspondan a combustible ilícito ni que las anomalías hayan determinado por sí mismas la legalidad del producto.
El caso, por tanto, dejó de ser solamente una historia sobre huachicol. Es también una revisión del control institucional sobre las operaciones contra el mercado de combustibles: quién autorizó, quién verificó, quién aseguró y quién tendrá que responder si el expediente no resiste la revisión de la propia Fiscalía.
