El Senado de la República recibió la minuta enviada por la Cámara de Diputados para reformar el artículo 19 de la Constitución Política, con el fin de incluir la prisión preventiva oficiosa (PPO) para quien cometa el delito de extorsión.
La reforma plantea que, además de la extorsión, el juez deberá imponer PPO a quienes incurran en la introducción ilegal y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos, sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
Asimismo, se establece la prisión preventiva oficiosa para delitos de salud, aquellos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad, contrabando, y actividades relacionadas con el uso de falsos comprobantes fiscales.
Durante la discusión en la Cámara de Diputados, se decidió excluir los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal de la aplicación de prisión preventiva oficiosa.
El Senado deberá analizar y discutir esta propuesta que amplía los supuestos para la PPO, medida cautelar que ha sido objeto de debate en diversos sectores por sus implicaciones en el sistema de justicia y los derechos humanos.
