El Senado aprobó reformas orientadas a incorporar la plantación y el cuidado del arbolado a la planeación de las ciudades. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, por lo que el proyecto todavía no constituye una nueva obligación legal vigente.
La propuesta plantea cambios en tres leyes generales relacionadas con la organización territorial y las políticas ambientales y climáticas. Su propósito es que la presencia de árboles y su conservación formen parte de decisiones públicas sobre espacios urbanos, en lugar de depender únicamente de campañas aisladas de reforestación.
Durante la discusión, la senadora Rocío Corona, del Partido Verde, defendió la ampliación de áreas arboladas y vinculó la iniciativa con los efectos del crecimiento inmobiliario. Sus señalamientos sobre la pérdida de vegetación expresan una posición legislativa y no sustituyen un diagnóstico uniforme de todas las ciudades mexicanas.
El arbolado urbano cumple funciones que van más allá del paisaje: proporciona sombra, contribuye a moderar temperaturas y puede mejorar las condiciones de los espacios públicos. Sus beneficios dependen de la elección de especies, el suelo disponible, el agua y el mantenimiento.
Una política de plantación también enfrenta desigualdades territoriales. Algunos barrios cuentan con parques y camellones consolidados, mientras otros tienen calles con escasa sombra y superficies pavimentadas. El número de árboles plantados no basta para evaluar si se distribuyen de manera equitativa o si sobreviven.
La eventual aplicación de las reformas involucraría responsabilidades de distintos órdenes de gobierno. Los municipios administran buena parte del espacio público, pero las políticas de ordenamiento y protección ambiental requieren coordinación y recursos.
La Cámara de Diputados deberá examinar el contenido de la minuta y decidir si lo aprueba o modifica. Solo después de completar el procedimiento legislativo y la publicación correspondiente podrían determinarse las obligaciones concretas.
El siguiente debate no será únicamente cuántos árboles se pretende sembrar, sino cómo se financiarán su cuidado, reposición y protección frente a obras y cambios de uso del suelo.
