El gobierno federal intensificó inspecciones en el sector gasero tras el relevo en la ASEA. Claudia Sheinbaum defendió el ordenamiento regulatorio y respaldó a la nueva titular, mientras empresas advierten incertidumbre por clausuras en medio del registro obligatorio.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el endurecimiento de supervisiones en el sector gasero tras el relevo en la dirección de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. El gobierno impulsó inspecciones más estrictas luego de incorporar a la mayoría de los operadores al registro oficial.
El Ejecutivo informó que cerca de 90 por ciento de los actores del sector se integraron al esquema de registro. La medida permitió ampliar la supervisión sobre estaciones y distribuidores con el objetivo de verificar el cumplimiento de normas operativas y administrativas.
Las inspecciones se intensificaron tras el cambio en la dirección regulatoria. Empresas del sector expresaron inconformidades ante el aumento de clausuras y revisiones, lo que introdujo tensiones sobre la certidumbre jurídica en el proceso de regularización.
Sheinbaum defendió la estrategia al señalar que la nueva titular tiene la encomienda de ordenar el sector. La mandataria afirmó que las acciones buscan corregir irregularidades acumuladas y establecer condiciones de cumplimiento homogéneas.
El programa Renagas, impulsado por la ASEA, operó como base del nuevo esquema. El registro de instalaciones permitió a las autoridades contar con información operativa para ampliar verificaciones y detectar incumplimientos.
Andrea González asumió la dirección ejecutiva de la ASEA el 17 de marzo por instrucción presidencial. La funcionaria proviene de cargos en la alcaldía Tlalpan, el área de patrimonio inmobiliario y la Procuraduría Federal del Consumidor, donde desarrolló funciones jurídicas.
La presidenta atribuyó a González un perfil técnico y de confianza para encabezar el proceso. La calificó como una funcionaria incorruptible y le asignó la responsabilidad de ejecutar inspecciones y clausuras dentro del marco administrativo.
El endurecimiento regulatorio colocó al sector ante un nuevo punto de presión. Las empresas que participaron en la regularización enfrentan ahora revisiones más rigurosas que pueden derivar en sanciones operativas.
El gobierno sostuvo que las acciones no afectarán el suministro a usuarios. La estrategia se enfoca en garantizar condiciones legales en la operación del sector sin alterar la distribución del servicio energético.
Las autoridades mantendrán las supervisiones mientras consolidan el nuevo esquema. El proceso avanza entre la necesidad de imponer control regulatorio y la exigencia empresarial de reglas claras en un sector estratégico.
