El Departamento de Justicia demandó al estado de Illinois y a la ciudad de Chicago para frenar sus políticas de protección a inmigrantes indocumentados, argumentando que obstaculizan la aplicación de la ley federal de inmigración.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EU para el Distrito Norte de Illinois, es la primera acción legal del gobierno de Donald Trump contra estados o municipios con políticas de ciudades santuario.
El documento judicial, de 22 páginas, se presentó un día después de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitiera una directiva sobre jurisdicciones santuario en su primer día de trabajo. En la demanda, el gobierno argumenta que Illinois, Chicago y el condado de Cook han adoptado medidas que “obstruyen” el cumplimiento de las leyes de inmigración por parte de las autoridades federales.
El fiscal general adjunto interino, Emil Bove, advirtió en los primeros días de la administración Trump que los funcionarios de las ciudades santuario podrían enfrentar acciones legales si interferían con la aplicación de la ley federal de inmigración.
La demanda sostiene que las disposiciones estatales y locales impugnadas fueron diseñadas intencionalmente para interferir y discriminar contra la aplicación de la ley federal de inmigración. También se argumenta que estas leyes impiden la comunicación entre las fuerzas del orden locales, estatales y federales, lo que según el Departamento de Justicia, afecta la seguridad pública.
Entre las normativas que el gobierno de Trump busca bloquear están la “Ley de Confianza” de Illinois, la “Ordenanza de Ciudad Acogedora” de Chicago y la “Política para Responder a las Detenciones del ICE” del condado de Cook.
La “Ley de Confianza”, aprobada en 2017, impide a las fuerzas del orden estatales y locales colaborar con las autoridades federales en la aplicación de las leyes de inmigración civil, excepto cuando hay una orden penal federal. La ordenanza de Chicago y la política del condado de Cook refuerzan esta misma postura.
El Departamento de Justicia argumenta que estas disposiciones violan la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que establece que la ley federal prevalece sobre las leyes estatales y locales en caso de conflicto.
Esta demanda se enmarca en los esfuerzos del gobierno de Trump por endurecer las políticas migratorias y acelerar la deportación de inmigrantes indocumentados en todo el país.
