La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisará contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) anteriores a 2023 y reforzará la fiscalización del periodo posterior. Explicó que cualquier irregularidad deberá seguir los procedimientos legales correspondientes y que sólo si aparecen indicios de delito se dará intervención a la Fiscalía General de la República.
La mandataria respondió a una pregunta sobre posibles acciones contra la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei. Señaló que el auditor superior presentó ante la Cámara de Diputados avances sobre las revisiones del INE y anticipó un estudio de las administraciones anteriores a 2023, además de fortalecer una auditoría que ya había comenzado sobre los años siguientes.
“Una vez realizada esa auditoría, pues si hay un asunto penal, se presenta a la Fiscalía General de la República”, explicó Sheinbaum. Agregó que los asuntos administrativos deben encauzarse ante las autoridades competentes y que la Fiscalía debe investigar las denuncias que reciba.
La presidenta insistió en que la autonomía del INE no lo excluye de la fiscalización. Distinguió las atribuciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encargada de revisar dependencias federales, de las facultades de la ASF para auditar a los organismos constitucionales autónomos.
Ante el pronunciamiento del Consejo Coordinador Empresarial a favor de la independencia electoral, Sheinbaum defendió un instituto autónomo, pero cuestionó la concentración de atribuciones derivada de la reforma de 2014, cuando el INE asumió la designación de consejerías de los organismos públicos locales electorales.
Como parte de esa discusión, recordó que Taddei presidió el organismo electoral de Sonora antes de llegar al INE nacional mediante el procedimiento de insaculación de 2023. Rechazó que su nombramiento pueda atribuirse de manera exclusiva a Morena y pidió examinar las decisiones institucionales de distintas etapas.
Sheinbaum también planteó investigar cómo se concentró durante más de dos décadas la contratación de materiales electorales en determinadas empresas. No presentó resultados de auditoría ni resoluciones judiciales que acrediten responsabilidad de proveedores o exfuncionarios.
La ASF deberá determinar qué observaciones pueden aclararse y cuáles ameritan procedimientos administrativos o denuncias penales. El desenlace sigue pendiente mientras el INE enfrenta su reorganización y la organización de las elecciones de 2027.
