La investigación por el buque asegurado en Altamira, Tamaulipas, mantiene 17 órdenes de aprehensión pendientes de ejecución, de las cuales tres corresponden a solicitudes formales de extradición presentadas por México ante Estados Unidos. El gobierno federal reportó 15 personas detenidas relacionadas con la operación de contrabando de combustible.
Durante la conferencia presidencial del 21 de octubre se precisó que entre los involucrados figuran 11 marinos y cuatro civiles. Las investigaciones buscan determinar la participación de funcionarios públicos y particulares en la entrada, documentación y distribución irregular de hidrocarburos.
“Del buque de Altamira todavía quedan detenciones por realizar”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que algunas de las personas requeridas poseen doble nacionalidad mexicana y estadounidense y residen en territorio de Estados Unidos.
La mandataria explicó que las solicitudes de extradición enfrentan una dificultad jurídica: las conductas investigadas como contrabando o transporte ilegal de combustible en México deben encontrar una correspondencia penal en Estados Unidos, donde podrían analizarse bajo figuras como fraude. La Fiscalía trabaja en la integración de los expedientes conforme al tratado bilateral.
El aseguramiento del buque abrió investigaciones sobre la cadena de suministro y la participación de operadores en aduanas, transporte y comercialización. Sheinbaum señaló que los expedientes no terminan con una detención, pues cada operación puede involucrar a distintos participantes y empresas.
El gobierno informó que las investigaciones sobre hidrocarburos incluyen buques, ferrotanques, instalaciones de almacenamiento, sitios de procesamiento y autotanques. Sheinbaum distinguió entre quienes transportan mercancías bajo contratación y quienes podrían haber intervenido directamente en las operaciones ilícitas.
La revisión también permitió identificar empresas que importaban combustibles sin los permisos correspondientes. Las autoridades mantienen procedimientos administrativos y penales que buscan establecer tanto la procedencia de los hidrocarburos como las responsabilidades de quienes autorizaron o facilitaron su ingreso.
La siguiente etapa del expediente depende de que Estados Unidos responda las solicitudes de extradición y de que las autoridades mexicanas ejecuten las órdenes restantes. El avance de esas diligencias permitirá determinar hasta dónde llega la responsabilidad de los servidores públicos y particulares investigados.
