Petróleos Mexicanos mantiene aproximadamente 5 mil 800 efectivos federales desplegados en labores de vigilancia de su red de ductos para combatir el robo de gas y otros hidrocarburos. La operación incluye personal de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, además de sistemas tecnológicos para identificar intervenciones clandestinas.
El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, explicó que las autoridades utilizan el sistema de supervisión y adquisición de datos SCADA para detectar anomalías y enviar alertas a los equipos de seguridad. Los operativos permiten identificar puntos de extracción ilegal, levantar denuncias y reparar las instalaciones afectadas.
“Llegamos a reparar. Eso es lo importante”, afirmó Carpio al explicar que las intervenciones buscan impedir que las perforaciones clandestinas continúen comprometiendo el funcionamiento de los ductos.
El balance presentado por el gobierno incorporó 10 mil 674 denuncias de Pemex relacionadas con robo de combustible. La cifra forma parte de las acciones penales impulsadas por distintas instituciones federales, aunque no equivale al número de responsables detenidos ni de procesos judiciales concluidos.
La petrolera también utiliza dispositivos robotizados que recorren el interior de los ductos para identificar perforaciones y otras anomalías estructurales. Según Carpio, esas inspecciones forman parte del programa de modernización de infraestructura y complementan la vigilancia exterior.
Durante la conferencia, un reportero planteó que el robo de gas había aumentado 11 por ciento durante el primer semestre de 2026, según cifras que atribuyó a Pemex. También mencionó explosiones relacionadas con estas prácticas en Puebla y otras entidades. La respuesta del funcionario se concentró en las medidas de vigilancia y reparación, sin confirmar expresamente ese porcentaje.
El periodista también consultó si los carrotanques asegurados por robo de gas son devueltos a sus propietarios al día siguiente de la detención. Carpio no precisó durante su intervención el procedimiento de aseguramiento y devolución de esas unidades, por lo que la información quedó sin aclaración.
El despliegue federal amplía la vigilancia sobre una infraestructura vulnerable a las perforaciones clandestinas. Sin embargo, el resultado de la estrategia deberá medirse no solamente por los ductos reparados y las denuncias presentadas, sino por la reducción de nuevas extracciones ilegales y las responsabilidades penales acreditadas.
