El aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, anunciado como uno de los mayores golpes contra el huachicol, no correspondía a una operación ilegal de almacenamiento. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la empresa investigada contaba con los permisos correspondientes y que las anomalías detectadas estaban relacionadas con el transporte de hidrocarburos.
“Había algunos asuntos ilegales de transporte que estaba entrando al lugar y la empresa resolvió ese tema, pero en general toda la instalación era una instalación que tenía sus permisos”, explicó Sheinbaum durante la conferencia del 21 de octubre, al responder una pregunta sobre los resultados de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
El 17 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato anunció el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de combustible en una terminal de la comunidad de La Fragua. La FGR confirmó posteriormente la intervención en instalaciones de Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo SIMSA, al señalar que no se había acreditado completamente la procedencia del producto.
La empresa rechazó las acusaciones y presentó documentación para respaldar la legalidad de sus operaciones. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) asumió la investigación para revisar permisos, registros comerciales y trazabilidad del combustible. La aclaración presidencial del 21 de octubre modificó la interpretación inicial del aseguramiento.
Las irregularidades del operativo también tuvieron consecuencias institucionales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el 25 de septiembre la destitución de Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la FGR en Guanajuato, después de que la institución detectó anomalías en las diligencias y en el tiempo transcurrido entre la intervención y su anuncio público.
La investigación comenzó con el seguimiento de una pipa cuyo combustible carecía de documentación suficiente, según explicó el gobierno federal. Las diligencias condujeron a otros establecimientos hasta llegar a la terminal de San José Iturbide. Sin embargo, las sospechas iniciales sobre las operaciones de transporte no acreditaron que todo el combustible almacenado fuera ilícito.
Sheinbaum precisó que la FGR deberá presentar los detalles de la investigación. La mandataria no informó si existen procedimientos administrativos pendientes contra los transportistas ni explicó qué determinaciones ministeriales se adoptaron sobre el aseguramiento original. Su declaración confirmó la regularidad de la instalación, pero dejó esos aspectos para un informe de la Fiscalía.
El caso obliga a revisar cómo se documentó y difundió una intervención presentada inicialmente como un decomiso histórico. La FGR deberá precisar el destino jurídico de los 59 millones de litros, las irregularidades efectivamente acreditadas y las responsabilidades relacionadas con un operativo cuya versión original quedó desmentida por la investigación posterior.
