La localización de 16 mil personas desaparecidas en México no puede presentarse como un motivo de festejo mientras más de 120 mil continúan sin ser encontradas y persisten dudas sobre la identidad y el destino de quienes fueron localizados.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, reconoció que los resultados merecerían una felicitación si se confirman, pero advirtió que el Estado mexicano debe aclarar si esas personas regresaron con sus familias o si sus familiares recibieron información sobre su paradero.
“Si es verdad que los esfuerzos de México han permitido la localización de 16000 personas desaparecidas en el último año es algo que hay que felicitar”, escribió Albán en X, al precisar el alcance de sus declaraciones ante la Tercera Comisión de la Asamblea General.
El funcionario planteó tres condiciones para valorar los resultados: conocer la identidad de las personas localizadas, establecer si sus familiares recibieron información y continuar las búsquedas pendientes. La cifra de 16 mil corresponde a resultados atribuidos a México y no constituye, por sí sola, una comprobación independiente del comité.
Albán advirtió que la localización de esas personas no elimina la obligación de buscar a más de 120 mil desaparecidos. También vinculó los avances con la constancia de las familias y con la activación del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
Ese procedimiento permite al comité remitir una situación a la Asamblea General cuando recibe indicios fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas. El organismo remitió la situación de México en abril de 2026, según recordó Albán.
El presidente del comité sostuvo que los avances reportados no eximen a la Asamblea General de analizar la situación y, si corresponde, adoptar acciones frente a la remisión. Su declaración distingue el reconocimiento de las localizaciones de la obligación de continuar el escrutinio internacional.
La discusión exige precisar qué significa «localizadas»: si las personas están con vida, si volvieron con sus familias o si estas recibieron información suficiente. El mensaje difundido por Albán no incluye un desglose que permita responder esas preguntas.
La revisión internacional sigue pendiente y el Estado mexicano enfrenta el reto de documentar los resultados individuales de búsqueda, además de mantener los esfuerzos para localizar a quienes todavía faltan.
