La historia de los hermanos Hernández Casillas tiene una segunda trama. No comienza en una fábrica de urnas ni en una licitación, sino en los despachos donde se nombraban consejeros, se decidían las reglas de contratación y se administraba el poder electoral. Es la historia de los funcionarios que pasaron por esas oficinas mientras un grupo de proveedores acumulaba contratos millonarios. Algunos terminaron vinculados con un nuevo partido político. Otros quedaron bajo investigación. Y ahora todos esos antecedentes forman parte de una disputa por establecer quién permitió que el negocio continuara.
Claudia Sheinbaum abrió ese expediente político el 5 de noviembre de 2026. La presidenta sostuvo que las presuntas irregularidades atribuidas a la gestión de Guadalupe Taddei no nacieron con ella. Para explicarlo, retrocedió hasta los años noventa, cuando los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas dejaron atrás su trayectoria en oficinas gubernamentales y comenzaron a aparecer en el mercado de materiales electorales.
Raquel Buenrostro aportó una pieza fundamental: Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo funcionario del Registro Nacional de Población y del Cisen, había trabajado con los hermanos Hernández Casillas. Décadas después, Padilla apareció vinculado con Somos, la organización política en la que también participan antiguos funcionarios electorales. La coincidencia no demuestra que el partido haya intervenido en las contrataciones, pero permitió a Sheinbaum establecer una conexión política entre el origen de los proveedores y el presente de algunos personajes.
Para entonces, la historia electoral mexicana ya había conocido varias generaciones de consejeros.
Leonardo Valdés Zurita presidió el Instituto Federal Electoral entre 2008 y 2013. Su gestión corresponde al periodo anterior a la reforma que transformó al IFE en INE. Bajo aquella estructura, los institutos electorales estatales conservaban un esquema de integración distinto al que se estableció en 2014.
Valdés reaparece en esta historia por su participación en el entorno político de Somos, documentada por investigaciones periodísticas sobre antiguos funcionarios electorales incorporados a esa organización. Su trayectoria permite seguir el tránsito de figuras del antiguo IFE hacia la actividad partidista. Sin embargo, la información examinada no acredita que haya participado en las contrataciones de los Hernández Casillas ni que tuviera responsabilidad en el presunto esquema empresarial.
El cambio decisivo llegó con Lorenzo Córdova.
En 2014, el nuevo Instituto Nacional Electoral recibió facultades para designar a los consejeros de los organismos públicos locales electorales. La reforma modificó la relación entre la autoridad nacional y las instituciones estatales. El Consejo General presidido por Córdova adquirió una influencia directa sobre la integración de los órganos encargados de organizar elecciones en las entidades.
Las compras de materiales seguían sujetas a los procedimientos de cada organismo. Pero las designaciones de sus consejeros pasaban por el INE.
Ahí Sheinbaum encontró el argumento central de su acusación.
Los organismos electorales locales contrataron durante años a empresas relacionadas con los Hernández Casillas. Según la investigación de Buenrostro, entre 2014 y 2023 esas compañías obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos con 23 organismos estatales. La presidenta sostuvo que el Consejo General del INE debió intervenir para revisar las condiciones que favorecían la concentración de proveedores.
“¿Por qué no hizo nada?”, preguntó Sheinbaum al referirse a Córdova.
La pregunta apuntaba a una posible omisión institucional. No demostraba que el expresidente del INE hubiera participado en adjudicaciones irregulares, pero sí abría la discusión sobre las responsabilidades de supervisión y las facultades que tenía el instituto para modificar los procedimientos de contratación.
Córdova ha sostenido que el problema de la concentración empresarial existía desde antes de su presidencia. También ha señalado que las adquisiciones de los organismos locales correspondían a esas instituciones. Sheinbaum rechazó que esa explicación bastara para cerrar el asunto: insistió en que el Consejo General había designado a sus integrantes y conocía los antecedentes del mercado.
En medio de aquella estructura institucional apareció Guadalupe Taddei.
En 2014 fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE encabezado por Córdova. Nueve años después llegó a la presidencia del propio instituto mediante insaculación en la Cámara de Diputados, después de que no se alcanzara la mayoría calificada necesaria para elegir a la titular.
La trayectoria de Taddei terminó bajo una investigación distinta, aunque relacionada con los mismos proveedores. Tras la difusión de grabaciones sobre presuntas negociaciones y reparto de ganancias con José Alfredo Hernández Casillas, renunció a la presidencia del INE el 25 de octubre de 2026. Las imágenes y las denuncias abrieron investigaciones sobre posibles irregularidades en contratos del organismo. Las acusaciones todavía requieren resolución judicial.
Sheinbaum no la exculpó.
La presidenta sostuvo que Taddei debe responder ante las autoridades si incurrió en actos ilegales. Pero rechazó que toda la historia comenzara con su llegada a la presidencia del INE en 2023. Según su argumento, los proveedores investigados llevaban décadas en el negocio y habían consolidado su presencia durante administraciones anteriores.
La discusión adquirió entonces una dimensión partidista.
Somos, encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, incorporó a su entorno político a figuras procedentes del antiguo IFE y del INE. Lorenzo Córdova figura en su Consejo Consultivo Ciudadano. Investigaciones periodísticas también identifican la participación de Leonardo Valdés Zurita, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina, entre otros antiguos funcionarios electorales.
El caso de Juan Carlos Padilla Aguilar permitió a Sheinbaum enlazar esa organización con los antecedentes laborales de los Hernández Casillas. La presidenta sostuvo que Padilla había intervenido en la incorporación de los hermanos a estructuras gubernamentales décadas atrás y que actualmente participaba en Somos.
La relación es políticamente relevante, pero tiene límites probatorios. Haber trabajado con los Hernández Casillas en el gobierno, participar en Somos o haber ocupado un cargo en el INE no demuestra intervención en contrataciones ilegales. Tampoco existe evidencia presentada que permita afirmar que el partido recibió recursos procedentes de esos contratos.
Y hay una distinción indispensable: Guadalupe Taddei no aparece acreditada como integrante de Somos. Su conexión con esta historia es institucional, por su nombramiento en Sonora durante la gestión de Córdova, y directa con las investigaciones sobre contrataciones de su propia presidencia. Presentarla como militante de esa organización alteraría los hechos.
La disputa política, sin embargo, ya estaba abierta.
Sheinbaum sostuvo que los antecedentes del mercado electoral alcanzan a distintas administraciones y pidió a la Auditoría Superior de la Federación investigar los contratos de los 32 organismos electorales locales. La revisión deberá determinar si existieron irregularidades, quiénes participaron y cuáles responsabilidades pueden exigirse.
La presidenta también expresó su desacuerdo con el presupuesto solicitado por el INE para 2027. Consideró que las investigaciones sobre proveedores podrían revelar oportunidades de ahorro y dejó a la Cámara de Diputados la decisión sobre los ajustes. Así, el debate sobre el pasado comenzó a influir en las decisiones sobre los recursos de las próximas elecciones.
La trama tiene varios planos que no deben confundirse. Está la red empresarial de los Hernández Casillas, con contratos y operaciones financieras bajo investigación. Está la responsabilidad institucional de quienes dirigieron los organismos electorales. Está el caso particular de Taddei. Y está la incorporación de antiguos funcionarios a Somos, una relación política que no equivale a participación en el presunto esquema de corrupción.
En las novelas negras, los personajes suelen encontrarse al final en un mismo expediente. En esta historia, los nombres aparecen en documentos distintos: nombramientos, licitaciones, registros empresariales, expedientes financieros y estructuras partidistas.
La investigación tendrá que establecer cuáles de esas relaciones fueron simplemente parte de la historia institucional del país y cuáles, si las pruebas lo permiten, constituyeron responsabilidades administrativas o penales.
Por ahora, la pregunta que atraviesa tres generaciones de autoridades electorales sigue abierta: cómo pudo mantenerse durante tanto tiempo un mercado concentrado alrededor de los materiales con los que México organiza sus elecciones.
Y quién tenía la obligación de impedirlo.
