La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 40 personas vinculadas con proveedores electorales a su Lista de Personas Bloqueadas y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo que requieren investigación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó el 4 de noviembre que la medida comprende a 25 personas físicas y 15 personas morales relacionadas con proveedores electorales. La dependencia no divulgó sus identidades ni precisó las operaciones financieras detectadas.
“La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”, precisó la UIF en su comunicado número 94.
La dependencia señaló que las personas afectadas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia. La denuncia presentada ante la FGR busca que el Ministerio Público investigue las operaciones identificadas y determine si existen responsabilidades penales.
La intervención financiera coincide con las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE). El diario Reforma reportó que Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del organismo en octubre, figura entre las personas cuyas cuentas fueron bloqueadas. El comunicado de la UIF no confirma esa información.
El Órgano Interno de Control del INE mantiene investigaciones sobre adjudicaciones a empresas proveedoras de materiales electorales. Entre los señalamientos figuran posibles vínculos entre compañías participantes en procedimientos de contratación y presuntas simulaciones de competencia.
La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, confirmó que Guadalupe Taddei está comprendida en el alcance de la denuncia que el instituto acordó presentar ante la FGR. Esa acción es independiente de la denuncia anunciada por la UIF y de las presentadas por partidos políticos.
La investigación financiera abre una vía adicional para examinar las operaciones de proveedores electorales. La FGR deberá determinar si existen conductas constitutivas de delito, mientras las personas incorporadas a la lista conservan su derecho a impugnar el bloqueo. La UIF subrayó que la medida no constituye una sanción penal definitiva.
