El enlace de Chihuahua y las preguntas abiertas sobre la CIA

Sheinbaum pidió esclarecer el papel de Guillermo Arturo Zuany Portillo y su relación con agencias de Estados Unidos, tras una investigación periodística.

Guillermo Arturo Zuany Portillo quedó en el centro de las preguntas sobre la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua. Claudia Sheinbaum consideró necesario conocer la trayectoria del exfuncionario estatal y cómo se relacionó con una agencia de inteligencia de Estados Unidos.

La presidenta fue consultada sobre una investigación de The New York Times acerca de la presencia de la CIA en Chihuahua durante meses anteriores a la controversia por un operativo de abril. La información periodística abrió nuevas preguntas sobre los canales de cooperación y los mandos que los conocían.

“Sí vale la pena conocer quién es esta persona y cómo colabora él con una de las agencias de Estados Unidos”, respondió Sheinbaum al referirse al exfiscal de Operaciones Estratégicas.

La mandataria hizo una precisión relevante: el reportaje, dijo, aludía a presencia estadounidense desde 2025, no necesariamente a operaciones conjuntas desde ese año. La distinción impide atribuir a todo ese periodo actividades cuya fecha y autorización no han quedado establecidas.

Sheinbaum sostuvo que la cooperación extranjera debe respetar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. “Cualquier agente de una agencia estadounidense en México tiene que cumplir necesariamente con la Ley de Seguridad Nacional. En este caso, no se cumplió”, afirmó.

También vinculó la investigación con la detención del exfiscal general César Jáuregui. Esa relación corresponde a la posición expresada por la presidenta; las fiscalías deben precisar las conductas imputadas y las pruebas de cada expediente.

Durante las preguntas se mencionó una versión atribuida a Zuany sobre el conocimiento que habría tenido la gobernadora Maru Campos. El señalamiento sigue sujeto a controversia y no constituye por sí solo prueba de autorización gubernamental.

La investigación necesita determinar quién solicitó colaboración, quién permitió el ingreso de personal a actividades operativas y qué controles federales fueron omitidos. Esas respuestas, más que la sola presencia de agentes, definirán las responsabilidades institucionales.

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