La pregunta partió de una conversación diplomática anterior a las elecciones de 2006, pero la respuesta de Claudia Sheinbaum avanzó hacia un conflicto vigente: quién contrató a los proveedores electorales, con qué reglas y quién debe revisar esas operaciones antes de los comicios de 2027.
Un reportero mencionó un cable difundido por WikiLeaks sobre el entonces consejero Arturo Sánchez Gutiérrez y su visita a la embajada estadounidense. Sheinbaum respondió: “Bueno, pues que haga su declaración este exconsejero del instituto”. No presentó el cable como una resolución judicial sobre el resultado electoral.
La presidenta vinculó esa conversación con sus críticas al proceso de 2006, a Luis Carlos Ugalde y a declaraciones recientes del expresidente Vicente Fox. Se trata de la interpretación política de la mandataria, distinta de lo que por sí mismo acredita una comunicación diplomática.
Después pasó a los contratos del INE y de los organismos públicos locales. Sostuvo que la concentración de proveedores se remonta a administraciones anteriores a Guadalupe Taddei y recordó que el Consejo General del INE encabezado por Lorenzo Córdova nombró en 2014 a integrantes de órganos electorales estatales.
“Que se investigue todo, todo”, insistió. Mencionó adquisiciones por más de 2 mil millones de pesos y pidió que la Auditoría Superior de la Federación revise las contrataciones y que la Fiscalía General de la República intervenga si aparecen posibles delitos. No hay que confundir esos señalamientos con responsabilidades acreditadas.
La discusión se extendió a nuevas publicaciones periodísticas sobre empresas proveedoras y presuntos prestanombres. Sheinbaum dijo que encargó a Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, revisar otra denuncia sobre contratos gubernamentales.
Como respuesta institucional planteó ampliar el consejo de gobierno de Talleres Gráficos de México e invitar a universidades como observadoras. La presidenta sostuvo también que el presupuesto del INE permite organizar las elecciones de 2027 y rechazó que la controversia justifique desacreditarlas.
La prueba inmediata no consiste en resolver retrospectivamente toda la historia electoral mediante declaraciones. Consiste en abrir expedientes, identificar adjudicaciones, obtener respuestas de los señalados y establecer controles comprobables para el siguiente proceso electoral.
