La investigación sobre la intervención de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en Chihuahua registró nuevas actuaciones este lunes 26 de octubre. El encargado de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez, anunció que impugnará la resolución judicial que rechazó vincular a proceso al exfiscal César Jáuregui Moreno por coalición de servidores públicos.
El funcionario también informó que la Fiscalía fue notificada de un amparo que, según su interpretación, impide ejecutar una orden de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas. La decisión judicial que la Fiscalía pretende impugnar corresponde al jueves 22 de octubre.
En aquella audiencia, el juez estatal Alberto Simental determinó continuar el procedimiento contra Jáuregui por ejercicio ilegal del servicio público, pero rechazó la imputación adicional de coalición. La Fiscalía considera que existen elementos para mantener también esa segunda acusación.
Loya explicó que presentarán los recursos correspondientes para solicitar la revisión de la determinación. El anuncio no significa que el juez haya modificado su resolución ni que el recurso haya sido admitido o resuelto.
La segunda novedad afecta a Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien desempeñó funciones de dirección en la estructura de investigación estatal. De acuerdo con Loya, las autoridades recibieron una notificación judicial sobre un amparo promovido por el exfuncionario.
El encargado de la Fiscalía sostuvo que ese recurso impide ejecutar la orden de aprehensión que existe en su contra y limita las actuaciones destinadas a localizarlo.
La Fiscalía mantiene investigaciones relacionadas con posibles delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades.
El origen de los procedimientos se encuentra en una operación contra un presunto laboratorio clandestino de drogas desarrollada en abril de 2026 en la sierra de Chihuahua.
Durante el regreso del operativo ocurrió un accidente automovilístico en el que murieron funcionarios mexicanos y dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia.
La participación de personal extranjero abrió una investigación sobre las autorizaciones necesarias para intervenir en actividades de seguridad dentro de México. Las autoridades federales sostienen que la presencia de agentes estadounidenses no contaba con la autorización correspondiente.
La defensa de Jáuregui rechaza que se haya demostrado su responsabilidad penal. El domingo 25 de octubre, un juez federal vinculó al exfiscal a proceso por presunta traición a la patria y mantuvo la prisión preventiva. La resolución permite continuar la investigación, pero no constituye una sentencia condenatoria.
El expediente federal sobre presunta traición a la patria y los procedimientos estatales por posibles delitos cometidos durante el ejercicio de funciones públicas tienen objetos jurídicos diferentes.
El primero examina conductas relacionadas con la intervención extranjera y la soberanía nacional. Los procedimientos locales se concentran en las responsabilidades atribuidas a servidores públicos dentro de sus competencias.
Loya también confirmó que la Fiscalía trabaja sobre nuevas denuncias y posibles irregularidades atribuidas a Jáuregui. Los señalamientos sobre presuntos negocios con casinos y prestanombres fueron difundidos anteriormente, después de declaraciones de la gobernadora Maru Campos y de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.
El encargado de la Fiscalía evitó precisar los hechos investigados, las personas involucradas y los elementos documentales disponibles.
El caso afecta las condiciones bajo las cuales las instituciones mexicanas pueden cooperar con organismos estadounidenses de seguridad e inteligencia.
El intercambio de información no equivale automáticamente a una autorización para participar en operaciones dentro del territorio nacional.
Determinar si existió una intervención no autorizada exige identificar quiénes participaron, qué funciones desempeñaron y cuáles autoridades conocieron o permitieron esas actividades. Los procedimientos abiertos todavía no han resuelto definitivamente esas cuestiones.
