El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua inhabilitó por un año al exgobernador y actual senador, Javier Corral Jurado, tras una investigación por la omisión de una propiedad en su declaración patrimonial. La medida impide a Corral desempeñar cargos en cualquier nivel de gobierno, así como participar en actividades relacionadas con arrendamientos, servicios u obra pública.
Esta sanción deriva de una denuncia presentada en 2019 por el entonces diputado local Omar Bazán Flores. Según la denuncia, Corral no incluyó un inmueble adquirido en Ciudad Juárez en su declaración patrimonial, incumpliendo así con sus obligaciones de transparencia.
La queja fue respaldada por Cruz Pérez Cuéllar, actual alcalde de Ciudad Juárez y militante de Morena, quien impulsó la investigación al señalar que Corral no aclaró el origen de los recursos utilizados para adquirir la propiedad. Esta situación generó sospechas de enriquecimiento ilícito.
El Tribunal estatal consideró que existían suficientes elementos para sancionar a Corral. Se determinó que el exgobernador había incumplido con la normativa en materia de transparencia y rendición de cuentas, violando sus deberes como servidor público.
La inhabilitación impuesta significa que, durante un año, Corral no podrá ejercer ningún cargo o función en el sector público, ni participar en contratos de arrendamiento, prestación de servicios o ejecución de obra pública.
Javier Corral, conocido por su postura crítica en temas de corrupción y transparencia, enfrenta ahora una sanción por una falta en sus propias obligaciones de rendición de cuentas. Esta situación ha generado diversas reacciones, especialmente por la relación política entre Corral y Pérez Cuéllar, quienes han tenido enfrentamientos en el pasado.
El exgobernador aún no ha emitido una declaración pública sobre la resolución del Tribunal, y se desconoce si planea impugnar la decisión.
