El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU reconoció los avances de México en la localización de más de 16 mil personas durante 2026, pero mantuvo su solicitud para que la Asamblea General examine la crisis de desapariciones. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el pronunciamiento del organismo, cuya evaluación sobre posibles crímenes de lesa humanidad permanece vigente.
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, presentó el 20 de octubre su informe ante la Tercera Comisión de Naciones Unidas. Reconoció los resultados comunicados por el gobierno mexicano y pidió mantener la cooperación internacional. La cifra procede de los registros oficiales de México, que superan las 135 mil entradas de personas desaparecidas y no localizadas.
“Ayer nos felicitaron. O sea, dijeron que es impresionante el trabajo que se ha hecho en México”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia del 21 de octubre. La presidenta atribuyó los avances a las reformas legales aprobadas en 2025 y al trabajo de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Búsqueda.
El reconocimiento no significó el retiro de las observaciones del Comité. Albán reiteró que existen indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y defendió la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional, mecanismo que permite solicitar la intervención de la Asamblea General.
La evaluación emitida en abril de 2026 no identificó indicios suficientes de una política federal destinada a cometer desapariciones, pero sí documentó patrones de participación, apoyo o tolerancia de autoridades en distintas regiones. Ante Naciones Unidas, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, reconoció que algunos funcionarios municipales participan en estos delitos, aunque atribuyó su comisión principalmente a grupos criminales.
Sheinbaum destacó las reformas de 2025 que obligan a abrir investigaciones y activar búsquedas inmediatas. También reconoció el trabajo de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, y las autoridades responsables de la búsqueda. El gobierno sostiene que las nuevas herramientas de identificación permitieron acelerar la localización de personas.
Sin embargo, colectivos de familiares expresaron desconfianza hacia el grupo de especialistas convocado para revisar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Reclaman que no fueron consultados sobre su integración y exigen conocer los criterios para evaluar los registros. Tampoco se ha difundido un desglose completo de las circunstancias de localización de las más de 16 mil personas reportadas.
La diferencia entre México y el Comité permanece abierta. Mientras el gobierno considera que sus reformas explican los avances, Albán sostiene que el mecanismo internacional contribuyó a impulsar respuestas institucionales. La Asamblea General todavía debe determinar qué medidas de cooperación corresponden, mientras las familias siguen reclamando búsquedas efectivas, identificación de víctimas y sanciones contra los responsables.
