El 24 de febrero de 2025, el juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara concedió la libertad bajo fianza a Andrew Clark, señalado por Estados Unidos como segundo operador de la organización de Ryan Wedding. Según una acusación presentada en California, ese mismo día el juzgador recibió los dos millones de dólares que habría pactado a cambio de favorecerlo. Clark fue detenido de nuevo pocos días después y trasladado a Estados Unidos. La resolución judicial, sin embargo, se convirtió en una de las piezas de una investigación que ahora alcanza a presuntos intermediarios, policías y funcionarios mexicanos.
El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que Clark transfirió unos 2.75 millones de dólares mediante intermediarios entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 para conseguir su excarcelación. Benítez Alcántara, quien supervisaba el proceso de extradición solicitado por Washington, enfrenta nueve cargos por encubrimiento posterior al delito. Fue detenido en Colombia el 1 de noviembre y Estados Unidos anunció que solicitará su extradición. Son imputaciones pendientes de juicio, no hechos judicialmente acreditados.
La protección más allá del juzgado
El expediente dejó de limitarse a la decisión de un juez. El 10 de noviembre, la Fiscalía federal del Distrito Central de California reveló otra acusación: Roberto Gómez, conocido como “Rob Flores”, habría obtenido información confidencial de personas con acceso a agencias de seguridad mexicanas y estadounidenses para ayudar a Wedding a evadir su captura. Los datos incluían detenciones, decomisos, órdenes judiciales y cargos penales. Gómez, prófugo, está acusado de conspiración para traficar drogas y otros delitos.
Una acusación relacionada describe el papel de Edgar Aarón Vázquez Alvarado, “El General”, señalado como integrante del Cártel Nuevo Imperio y muerto durante una intervención policial en México. De acuerdo con los fiscales, proporcionaba claves que cambiaban casi a diario para que transportistas de cocaína cruzaran retenes policiales y militares. También habría pagado a servidores públicos mexicanos para retrasar investigaciones, manipular o desaparecer pruebas y retirar cargos. La Fiscalía estadounidense no identifica públicamente en su comunicado a todos los funcionarios presuntamente involucrados.
Los dos expedientes muestran mecanismos distintos que habrían beneficiado a una misma organización: una resolución judicial que permitió la salida temporal de un detenido y una estructura de filtraciones y protección que, según la acusación, ayudaba a mover cargamentos y anticipar acciones policiales. Esa coincidencia no demuestra que el juez, Gómez y Vázquez actuaran bajo una sola cadena de mando. La relación documentada es su presunta contribución a la red de Wedding.
El canadiense, antiguo deportista olímpico, fue detenido en México en enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos. Enfrenta procesos por narcotráfico y delitos violentos, entre ellos acusaciones de asesinato e intento de asesinato. El Departamento de Justicia describe una operación transnacional con rutas entre México, Estados Unidos y Canadá. Wedding se ha declarado inocente; su responsabilidad penal debe determinarse en los tribunales.
Lo que sabía el Gobierno mexicano
La dimensión mexicana adquirió otra importancia cuando Claudia Sheinbaum confirmó que su Gobierno había conocido la orden estadounidense contra Benítez Alcántara pocos días antes de la captura en Colombia. “Conocíamos que había salido una orden de aprehensión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hasta ahí”, respondió al ser consultada sobre el conocimiento oficial de la presunta red. También dijo que se había solicitado detener al juez en México, pero que salió del país, y remitió al Gabinete de Seguridad y al Poder Judicial para mayores detalles.
Su respuesta establece un límite preciso: la Presidencia admitió conocimiento de una orden, no de toda la estructura descrita por Los Ángeles. Queda por aclarar cuándo recibió México la solicitud, a qué autoridades se notificó, si hubo medidas para localizar al juzgador y qué información sobre los presuntos funcionarios infiltrados se compartió entre ambos países. Conocer una orden extranjera tampoco equivale, por sí mismo, a contar con una orden mexicana ejecutable.
Las responsabilidades pendientes
El frente institucional tampoco termina en el Ejecutivo. El Tribunal de Disciplina Judicial informó que Benítez Alcántara tenía cuatro investigaciones administrativas previas y anunció otra tras su detención, según reportes publicados sobre el caso. La Unidad de Inteligencia Financiera incluyó al juez en su lista de personas bloqueadas, de acuerdo con información periodística. Ninguna de esas medidas sustituye una sentencia ni acredita automáticamente el soborno denunciado en California.
La investigación obliga a distinguir tres responsabilidades: la penal de los acusados, que corresponde probar ante tribunales; la administrativa de quienes debían supervisar conductas y decisiones de servidores públicos; y la institucional de explicar si hubo filtraciones de información o fallas de coordinación. La consecuencia inmediata no es una condena general contra las autoridades mexicanas, sino una agenda concreta de respuestas pendientes: identificar posibles cómplices, reconstruir los avisos entre gobiernos y determinar qué controles fallaron, si se acreditan las acusaciones.
