Aunque la presencia indígena en las altas esferas del Poder Judicial mexicano ha sido históricamente marginal, tres figuras han marcado un precedente ineludible en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Benito Juárez, Ignacio Manuel Altamirano y, en la actualidad, Hugo Aguilar Ortiz.
El primero, Benito Juárez, nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, en 1806, de origen zapoteco. Fue presidente de la SCJN entre 1855 y 1857, cargo que antecedió a su histórica presidencia de la República. Su trayectoria se inscribe en un momento fundacional del México liberal, y su origen indígena nunca fue ocultado, sino reivindicado.
Años después, en 1869, Ignacio Manuel Altamirano ocupó también la presidencia de la Suprema Corte. Originario del pueblo chontal de Tixtla, Guerrero, Altamirano destacó por su obra literaria y su firme compromiso con la República Restaurada. Fue una de las voces más lúcidas de la reforma liberal, aunque su carrera judicial y política fue interrumpida por el ascenso del porfirismo.
Un siglo y medio más tarde, el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz volvió a colocar a un indígena al frente del máximo tribunal mexicano. Electo por voto ciudadano en el marco de la reforma judicial de 2024, Aguilar Ortiz representa un cambio de época. Su trayectoria al frente de la defensa de comunidades originarias y su papel como coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas lo consolidaron como figura clave en la transición hacia una Corte más representativa.
Pese a que personajes como Ignacio Ramírez “El Nigromante” han ocupado también la presidencia del tribunal (1877-1879), no se les reconoce ascendencia indígena documentada. Ramírez fue más bien un liberal radical, promotor del laicismo y defensor de la instrucción pública gratuita, célebre por su frase “No hay Dios; los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos”.
La inclusión indígena en el Poder Judicial sigue siendo una deuda histórica. Los casos de Juárez, Altamirano y Aguilar Ortiz son excepciones que permiten observar la profunda desigualdad que aún persiste, pero también abren la posibilidad de imaginar un sistema de justicia más plural, accesible y representativo.
