El proyecto turístico Barrancas del Cobre llegó a una audiencia internacional por una pregunta anterior a las inversiones: qué derechos tienen las comunidades que habitan el territorio donde se desarrolla la actividad turística.
Representantes de Huitosachi, Mogótavo y Bacijípare, en Chihuahua, comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Panamá el 29 de octubre, dentro del caso 14.765.
Las comunidades sostienen que el proyecto iniciado en 1997 avanzó sin una consulta adecuada. Denuncian afectaciones a tierras, ríos y arroyos, además de insuficiencia de servicios y beneficios económicos para sus habitantes.
Los representantes indígenas también señalaron incumplimientos de resoluciones judiciales que consideran favorables a sus demandas. Esas afirmaciones integran la controversia y requieren valoración jurídica; no pueden presentarse como determinaciones de la CIDH.
La representación del Estado mexicano negó que se hubieran lesionado los derechos de consulta. Funcionarios federales informaron sobre mecanismos de diálogo, atención de necesidades y acciones relacionadas con tierras comunitarias.
La divergencia no reside únicamente en la existencia de infraestructura turística. Comprende quién decide sobre el uso del territorio, qué compromisos públicos se cumplen y cómo se distribuyen los beneficios en las comunidades de la Sierra Tarahumara.
La audiencia ofrece a ambas partes un espacio de exposición, pero no constituye por sí sola una sentencia. El expediente deberá examinar los argumentos, los documentos y las medidas solicitadas por los peticionarios.
La continuidad del proyecto y de los servicios turísticos convive con una demanda de largo plazo: que las comunidades participen en decisiones que las afectan y que el Estado dé respuesta verificable a sus reclamaciones territoriales.
