Las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF), con 21 votos a favor y nueve abstenciones. Las modificaciones buscan ajustar la estructura del Poder Ejecutivo y reforzar áreas estratégicas.
Nuevas secretarías y cambios en el Ejecutivo
El proyecto contempla la creación de las secretarías de las Mujeres y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. También propone cambiar la denominación de la Secretaría de la Función Pública por Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, otorgándole facultades adicionales en transparencia, protección de datos personales, profesionalización e integridad pública.
Agencia tecnológica para modernizar políticas digitales
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será responsable de formular y dirigir las políticas de informática, tecnologías de la información, comunicación y telecomunicaciones en la APF. Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, destacó que estas reformas responden a desafíos estratégicos en áreas como seguridad, medio ambiente, infraestructura y educación.
Visión de transparencia e igualdad
Inzunza subrayó que el ajuste refuerza el compromiso gubernamental con la igualdad sustantiva y el desarrollo tecnológico, creando un marco institucional que permitirá un gobierno más transparente y abierto. Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, añadió que las reformas buscan combatir la corrupción y reducir las desigualdades persistentes en México.
Reacciones y posturas políticas
Laura Itzel Castillo, senadora de Morena, destacó que el cambio elimina duplicidad de funciones en la APF y permitirá a la presidenta Claudia Sheinbaum ejecutar su programa de gobierno, centrado en una agenda pública con perspectiva de género.
Por su parte, Ricardo Anaya, del PAN, reconoció avances como la creación de la Secretaría de las Mujeres y las nuevas facultades de investigación para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, señaló que su partido no apoyará las reformas que restan facultades al INAI para transferirlas a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Néstor Camarillo, del PRI, llamó a que el proyecto se enfoque en atender las necesidades del país sin centralizar el poder, mientras que Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, advirtió sobre los efectos de los ajustes fiscales en el Presupuesto 2025, los cuales podrían limitar el funcionamiento de las nuevas secretarías. Barrales mencionó que el gasto programable del ramo administrativo contempla una reducción de 174 mil millones de pesos, lo que podría complicar la implementación de las reformas.
