Biden conmuta 37 sentencias de muerte a cadena perpetua antes de dejar el cargo

El presidente finaliza su mandato con una medida histórica que refleja su oposición a la pena de muerte. Las conmutaciones abarcan casos que excluyen terrorismo y asesinatos motivados por odio.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmutó este lunes las sentencias de 37 de las 40 personas condenadas a muerte a nivel federal, transformándolas en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La decisión se produce a menos de un mes de que abandone el cargo, el 20 de enero, informó la Casa Blanca en un comunicado.

Esta acción se alinea con la moratoria que su administración impuso a las ejecuciones federales en enero de 2021. Desde entonces, Biden ha impulsado políticas que buscan reducir el uso de la pena de muerte, con excepciones limitadas a casos de terrorismo y asesinatos en masa motivados por odio.

“Que nadie se equivoque: condeno a estos asesinos, lamento profundamente las pérdidas de las víctimas y compadezco a las familias que han sufrido daños irreparables”, señaló Biden en el comunicado. No obstante, subrayó que su experiencia como defensor público y su conciencia lo llevaron a esta medida, al considerarla necesaria para avanzar hacia un sistema de justicia federal más justo.

Biden destacó que no permitirá que una nueva administración reanude ejecuciones suspendidas bajo su mandato. “Con la conciencia tranquila, no puedo dar un paso atrás y permitir que se reactiven las ejecuciones que detuve”, afirmó.

Según el comunicado oficial, esta medida impide que el futuro gobierno del republicano Donald Trump retome las ejecuciones en los casos conmutados, pues las sentencias originales no serían compatibles con la política y práctica actuales del sistema judicial federal.

Con esta decisión, Biden se posiciona como el presidente que más conmutaciones de sentencias ha otorgado al final de su primer mandato en comparación con sus predecesores recientes.

El mandatario, además, reiteró su convicción de que la pena de muerte no debería aplicarse a nivel federal, salvo en circunstancias excepcionales.

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