El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “un acto de irresponsabilidad suprema” la decisión del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación de detener el proceso electoral para jueces, magistrados y ministros, programado para junio próximo. El Comité argumentó que la medida responde a una suspensión definitiva dictada por el Juzgado Primero de Distrito en Michoacán.
En un mensaje difundido en redes sociales, Fernández Noroña expresó: “El Poder Judicial de la Federación ha decidido no renunciar a su labor de zapa en contra de la elección de las personas juzgadoras. La decisión anunciada por su comité de evaluación es un acto de irresponsabilidad suprema. Saben que no procede un amparo contra una elección”.
El legislador afirmó que la suspensión del proceso no detendrá el mecanismo electoral. Según explicó, la Constitución establece que, si un comité de evaluación no presenta candidaturas, ese poder queda automáticamente excluido del proceso, pero no se cancela la elección. “Peor para ellos, el proceso electoral va. La elección de las personas juzgadoras no se detendrá por la ausencia de candidaturas de uno de los poderes”, subrayó.
Suspensión del proceso electoral
Este martes, el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación publicó un acuerdo mediante el cual detuvo las etapas del proceso electoral extraordinario de junio próximo. La medida responde a una suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, que ordenó a los comités de evaluación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial acatar la resolución y emitir acuerdos administrativos en un plazo de 48 horas.
Según el Comité, la resolución judicial obliga a detener la publicación de las listas de aspirantes y las siguientes etapas del proceso. Sin embargo, Fernández Noroña insistió en que no existe fundamento para frenar la elección y señaló que el amparo no es procedente contra este tipo de procesos.
La elección popular de jueces, magistrados y ministros ha generado polémica en diversos sectores, particularmente entre el Poder Judicial y el Legislativo. La medida ha sido impulsada por legisladores de Morena, quienes consideran que otorgará mayor legitimidad al Poder Judicial, pero enfrenta críticas por parte de la judicatura, que argumenta que podría poner en riesgo la independencia judicial.
El conflicto se intensifica con la suspensión judicial que ahora frena las etapas programadas del proceso electoral, añadiendo un nuevo capítulo a la confrontación entre los poderes.
