El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó su primera ley desde su regreso al poder, una medida que permite a las autoridades detener y deportar a migrantes por diversos delitos, incluidos aquellos considerados menores.
Trump rubricó la ley en la Sala Este de la Casa Blanca ante un centenar de invitados, entre ellos familiares de Laken Riley, una joven asesinada por un migrante indocumentado cuya muerte inspiró la legislación.
“Estados Unidos nunca olvidará a Laken Riley”, declaró el mandatario, quien aseguró que el responsable del crimen, un migrante procedente de Venezuela, debió haber sido deportado.
El caso de Laken Riley y su impacto político
Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años, fue asesinada en Georgia en febrero de 2024 por José Ibarra, un migrante venezolano en situación irregular. Ibarra había sido detenido previamente por un delito menor de hurto en tiendas, pero se le permitió permanecer en el país mientras su caso migratorio estaba en proceso.
El acusado fue declarado culpable del asesinato a finales de 2024 y cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
El caso avivó el debate sobre la inmigración en la recta final de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, en las que la entonces vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, perdió ante Trump. El republicano había prometido llevar a cabo las mayores deportaciones en la historia del país.
Aprobación bipartidista y oposición de activistas
La ley fue aprobada el 22 de enero por la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, donde recibió el respaldo casi unánime de esa bancada, excepto un legislador que no votó. Asimismo, 46 congresistas demócratas la apoyaron.
El Senado de Estados Unidos, con mayoría republicana, también dio luz verde a la medida con el respaldo de 12 senadores demócratas. Sin embargo, la iniciativa enfrentó la oposición de activistas por los derechos de los inmigrantes, quienes consideran que la legislación criminaliza a los migrantes y podría fomentar detenciones arbitrarias.
Con esta ley, la administración de Trump refuerza su política migratoria, alineada con su promesa de endurecer el control fronterizo y acelerar las deportaciones.
