Durante el primer día del periodo extraordinario, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la nueva Ley de la Guardia Nacional y una serie de reformas que amplían las atribuciones de este cuerpo de seguridad. Uno de los principales ajustes permite a sus elementos solicitar licencia para competir en elecciones o integrarse a cargos civiles en los tres niveles de gobierno, con aval tanto del titular de la Sedena como de la Presidencia.
El dictamen también habilita la transferencia de personal entre la Guardia Nacional y el Ejército, al amparo de una cláusula de “necesidades del servicio”, lo que fue interpretado por legisladores del PAN y otros partidos como un avance hacia la militarización de tareas civiles. Estas reformas fueron dictaminadas exclusivamente por la Comisión de Justicia, sin intervención de las comisiones competentes en seguridad y defensa.
Los impulsores de la reforma sostienen que el carácter civil de la Guardia Nacional permanece intacto. La diputada Dolores Padierna afirmó que el mando civil se mantiene en la figura presidencial y que el uso de las Fuerzas Armadas sigue bajo control democrático. La oposición, sin embargo, cuestionó la falta de salvaguardas en la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permitirá a la Guardia Nacional recabar información sin supervisión externa clara.
