La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, reformas a los artículos 19 y 40 de la Constitución Política, enfocadas en el fortalecimiento de la soberanía nacional y el combate al tráfico ilegal de armas. El dictamen obtuvo 327 votos a favor, 116 en contra y cero abstenciones, por lo que fue remitido a los congresos estatales y de la Ciudad de México para su validación, conforme al artículo 135 constitucional.
Durante la discusión en el pleno, legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC presentaron reservas; algunas fueron retiradas, otras no se admitieron y algunas quedaron registradas en el Diario de los Debates.
El dictamen, originado por una iniciativa de la presidenta de la República, establece que México no permitirá intervenciones extranjeras que vulneren su integridad, independencia y soberanía, como golpes de Estado, injerencias en elecciones o violaciones a su territorio por cualquier vía. Asimismo, prohíbe la participación de actores foráneos en la investigación y persecución de delitos sin la autorización del Estado mexicano.
La diputada Jessica Saiden Quiroz, de Morena, destacó que la medida coincide con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto a la necesidad de reforzar los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias.
Además, recordó que la enmienda prevé sanciones más severas para cualquier persona, mexicana o extranjera, que contribuya al ingreso de armas al país. En cuanto a la reforma al Artículo 40, subrayó que refuerza el rechazo del pueblo mexicano a cualquier forma de intervención o intromisión extranjera que atente contra la independencia nacional.
La reforma también dispone que el delito de terrorismo ameritará prisión preventiva oficiosa, mientras que cualquier persona, nacional o extranjera, involucrada en la fabricación, distribución, venta, traslado o ingreso ilegal de armas al país será sancionada con la pena más severa posible, además de aplicársele la medida cautelar de prisión preventiva.
El artículo transitorio establece que el Congreso de la Unión y los congresos estatales deberán adecuar sus leyes en un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto.
