El llamado del presidente del Senado, Higinio Martínez, a investigar la corrupción sin distinciones partidistas coloca a Morena ante un problema de responsabilidad política: exigir controles al Estado también significa someter a revisión a quienes ejercen el poder bajo sus propias siglas.
El 26 de octubre, Martínez pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum encabezar una estrategia nacional contra la corrupción y la impunidad, con investigaciones que incluyan a funcionarios de todos los partidos y a particulares involucrados en posibles irregularidades con recursos públicos. La propuesta traslada la discusión del discurso anticorrupción a la capacidad efectiva de auditoría y sanción.
«Caiga quien caiga, sea de Morena, pero también sea de otros partidos», sostuvo el legislador. Su declaración incorpora una exigencia de autocrítica para el partido gobernante, aunque no constituye por sí misma una denuncia probada contra una persona determinada.
Instituciones y correlación de fuerzas
Martínez cuestionó que los medios de comunicación deban identificar presuntas irregularidades antes que las instituciones encargadas de fiscalizar el gasto. También criticó los resultados del Sistema Nacional Anticorrupción y vinculó la persistencia del problema con la impunidad de funcionarios públicos.
El caso del Instituto Nacional Electoral apareció entre los asuntos que mencionó. El senador planteó que cualquier investigación sobre contratos debe abarcar procedimientos, áreas administrativas y, cuando corresponda, empresas proveedoras. Precisó que las denuncias necesitan elementos que permitan comprobarlas y que las sanciones dependen de las investigaciones.
Las consecuencias del nuevo escenario
El reclamo adquiere dimensión institucional porque el gobierno federal, los estados y los municipios administran recursos sujetos a controles distintos. Una estrategia nacional requiere coordinación entre autoridades y órganos fiscalizadores, sin sustituir sus atribuciones por instrucciones políticas.
El resultado no se medirá por la dureza de las declaraciones, sino por la capacidad de las instituciones para investigar, documentar y resolver casos con independencia de la filiación partidista de los involucrados.
